El Estado mexicano olvidó la justicia en Acteal y buscó comprarnos: Víctimas y familiares

Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo aseguró que el asesinato de los 45 indígenas en Acteal se trató de un conflicto intracomunitario.
Acteal

El Estado mexicano sigue negando su participación en la masacre de Acteal, Chiapas, ocurrida hace ya 18 años, mientras que los sobrevivientes y familiares de las víctimas, pertenecientes a la etnia tzotzil, aseguraron que si el Gobierno federal hubiese querido brindar justicia en 1997 y garantizado la no repetición de hechos similares, otras violaciones a derechos humanos, como las del caso Ayotzinapa, se hubieran evitado.

En la última comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llevada a cabo el pasado 20 de octubre, Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que el asesinato de los 45 indígenas (nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños) en Acteal, municipio chiapaneco de Chenalhó, se trató de un conflicto intracomunitario. Y finalizó con una “solución amistosa”, la cual consistía en indemnizar a las familias de las víctimas.

También argumentó que la propia CIDH, en su informe de 1998, reconoció que no  se contaba con evidencia que relacionara directamente a cuerpos paramilitares con el Estado, sino que, mencionó, que se trató de grupos de civiles armados que tuvieron problemas relacionados con tierras y entre comunidades. Durante la misma audiencia llevada a cabo en Washington, Estados Unidos, Roberto Rafael Campa Cifrían, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), negó la intervención gubernamental en los hechos, aunque si reconoció que “el Estado fue incapaz de prevenir estos hechos y de responder adecuadamente después de ellos”.

Por su parte, integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, “Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal”, rechazaron la propuesta de forma inmediata y exigieron verdad y justicia al caso. “La sangre de nuestros hermanos la quieren cambiar por apoyos, lo quiere olvidar, lo quiere cambiar”, dijo Diego Pérez Jiménez, uno de los representantes de los sobrevivientes.

“La masacre de Acteal es un crimen de Estado, porque el Gobierno bien pudo detener y evitar la masacre y evitar desplazamientos forzados y robos de pertenencias”, expresaron integrantes de Las Abejas.