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El Comisionado de la PF cuenta con un largo historial de violaciones a derechos humanos

Sin embargo, las acusaciones de organismos como la CDNH que han sido dirigidas a él o a la corporación que representa, no han representado castigo o sanción alguna en contra Galindo Ceballos.

Las acusaciones que han recibido, a lo largo de 12 años, organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de Enrique Galindo Ceballos, Comisionado General de la Policía Federal (PF) de México, son múltiples.

Sin embargo, las acusaciones de estos organismos, que han emitido pronunciamientos o recomendaciones dirigidas a él o a la corporación que representa, no han representado castigo o sanción alguna en contra Galindo Ceballos, esto de acuerdo con datos arrojados de una consulta hecha al Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública.

Cabe recordar que la primera acusación en contra de Galindo ante la CNDH se hizo en 2004, cuando se desempañaba como Director General de la Policía Ministerial de San Luis Potosí.

En esta denuncia, la cual vino del ex secretario de Finanzas del Estado, Olegario Galarza Grande, se acusó al entonces procurador de justicia, así como a su director de la policía (Enrique Galindo) de ordenar su detención de manera arbitraria y sin orden de aprehensión.

La CNDH, al revisar el caso, estableció que la detención del ex secretario de Finanzas fue ilegal y como prueba analizó un documento elaborado por Enrique Galindo donde por escrito avalaba su aprehensión.

Una de las irregularidades encontradas, según la CNDH, es que el informe carecía de la firma de los agentes que realizaron la investigación, el visto bueno del Jefe de Grupo, la solicitud de detención para el Ministerio Público y copias de dichos documentos para llevar el control de las acciones emprendidas, como lo establece la norma. Eso sí, el informe únicamente venía firmado por Enrique Galindo.

De acuerdo con Animal Político, ya desde el 1 de septiembre de 2004, la Comisión inició un expediente con motivo del recurso de impugnación interpuesto por un familiar del ex secretario Olegario Galarza, por la no aceptación de la recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí dirigió, el 4 de junio de 2004, con motivo de la detención arbitraria del exfuncionario ocurrida el 8 de diciembre de 2003.

Según Olegario, la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí lo detuvo sin orden de aprehensión y lo mantuvo incomunicado por varias horas, lo que fue avalado por la Comisión Estatal y Nacional de los derechos humanos, instancias que emitieron, por separado, recomendaciones a favor de este exfuncionario.

Otro caso más se suscitó el 20 de noviembre de 2014, en el marco de una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa,.

En ese entonces, la PF y la Policía Auxiliar de la CDMX disolvieron la protesta con exceso de fuerza al agredir a cientos de civiles, (personas de la tercera edad, niños y periodistas) que de forma pacífica se manifestaban y documentaban el acto.

El violento desalojo ocurrió luego de que un reducido grupo de personas encapuchadas lanzó bombas molotov contra Palacio Nacional. Por estos hechos, policías federales y auxiliares persiguieron a cientos de personas que permanecían en el Zócalo protestando.

Los asesinatos en Apatzingán también forman parte de las acusaciones contra Galindo, ya que el 25 de noviembre de 2015, la CNDH emitió una recomendación contra la PF por el asesinato de 5 personas y el ejecución extrajudicial de un civil más, ocurridos el 6 de enero de 2015 en las inmediaciones del palacio municipal de Apatzingán, Michoacán.

En este caso, la corporación al mando de Enrique Galindo reportó un saldo de nueve personas muertas, 44 detenidos y cinco lesionados (entre ellos dos policías federales).

La CNDH estableció que los policías asesinaron a estas personas, echando abajo la versión del entonces comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, quien dijo que las muertes fueron resultado de una emboscada a las fuerzas federales y el ejército.

El operativo de Nochixtlán es otro claro ejemplo de violaciones a los derechos humanos. El pasado 19 de junio, ocho personas murieron y cien más resultaron heridas durante un operativo de desalojo, encabezado por policías federales y estatales, en la autopista federal que cruza el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca.

Además de estas víctimas, 23 personas fueron detenidas por la policía federal en esa ocasión. De acuerdo con testimonios, 18 de estas personas fueron sacadas de un funeral que se realizaba a unos cuantos metros del operativo.

En ese momento, Enrique Galindo declaró que los policías a su cargo no portaban armas de fuego, ni gases lacrimógeno. Pero videos, testimonios y fotografías muestran que durante el operativo los policías si dispararon contra los manifestantes que mantenían un bloqueo carretero.

Por estos hechos, la CNDH inició una investigación para determinar el tipo de violaciones a los derechos humanos cometidas y tratar de determinar si hay responsabilidad de la PF.

Y a dos meses del operativo, el organismo cuenta con 500 testimonios y quejas sobre el ocurrido esa mañana en Nochixtlán. Pero, hasta el momento, no se han dado a conocer los avances de sus investigaciones.

Una violación más sucedió el jueves 18 de agosto, la CNDH emitió la recomendación en la que estableció que la PF ejecutó extrajudicialmente el 22 de mayo del 2015 a 22 civiles durante un supuesto enfrentamiento armado, que dejó como saldo 42 personas y un policía muerto en un rancho de Tanhuato, Michoacán.

Ahí, la CNDH documentó actos de tortura, manipulación de cadáveres, peritajes incompletos o negligentes, siembra de armas de fuego, entre otras arbitrariedades cometidas por la PF.

Por su parte, Galindo, aseguró que en Tanhuato no hubo ejecuciones extrajudiciales y dijo que las víctimas eran miembros de un grupo criminal que habían disparado a los policías tras una persecución.

Sin embargo, en la recomendación la CNDH se estableció que no hubo dicha persecución y que los policías asesinaron a los civiles cuando varios de ellos se encontraban dormidos.

Pero aún con todas las acusaciones en contra del comisionado y a pesar de las recomendaciones y observaciones de la CNDH, no han tenido ningún tipo de repercusión jurídica o administrativa hacía su persona.

Y no solo eso, en la mayoría de los casos ha negado que la corporación a su cargo actuara arbitrariamente.