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Ejército no reporta muertes de civiles y un general involucrado en el caso Ayotzi es promovido

Lo acontecido en la ciudad de Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 sigue siendo una investigación abierta, sigue siendo una herida abierta que evidenció no sólo que ya no hay una frontera clara entre el gobierno y el narcotráfico, sin, también, que hay también autoridades que no trabajan para proteger a los ciudadanos, sino para proteger a las instituciones de las que forman parte.

La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, fue un quiebre para la imagen que el presidente Enrique Peña Nieto y su equipo de trabajo buscaban proyectar a nivel internacional: aquel joven que, a partir de diálogo con “todas” las fuerzas políticas, llegaba a reformar el país. Esa noche y la larga serie de errores, omisiones y crímenes que le siguieron, han quedado reportados por organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y los medios.

La entrega de la medalla Belisario Domínguez la semana pasada a Gonzalo Rivas (muerto al apagar el fuego causado por una bomba molotov en medio de la protesta y represión de estudiantes de Ayotzinapa) fue la actualización de algo que sabíamos muchos: es urgente para el Ejecutivo relegar las desapariciones, los crímenes de Estado, y llenar ese vacío con insinuaciones, con guiños que, poniendo en el centro la noche de Iguala, desplace la atención hacia otros puntos, hacia otras “lecturas” una vez que la “verdad histórica” quedó desmentida.

Enrique Peña Nieto ha decidido ascender a quien fuera comandante de 35 Zona Militar, con cede en Chilpancingo, general del 27 batallón de infantería, el general Alejandro Saavedra Hernández. Ahora ocupará el cargo de inspector y contralor general del Ejército mexicano. Como responsable de la región, el general fue de las pocas autoridades que tuvieron conocimiento directo y constante de la serie de ataques que se ejecutaron sobre los estudiantes y la población civil en Iguala, como reportó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). (Vía: Proceso)

Animal Político, durante su trabajo de recolección de datos y estadísticas sobre los diez años de la guerra contra el narcotráfico, ha reportado que el Ejército, desde que comenzara el gobierno de Enrique Peña Nieto, dejó de informar sobre el número de civiles muertos por miembros del ejército. Mientras que durante la presidencia de Felipe Calderón estos números se hacían públicos constantemente y se les presumía “involucrados con el narcotráfico”o “bajas colaterales”, ahora hay silencio o bloqueos burocráticos para conocer las cifras. Incluso los casos más mediáticos en los que se ha visto involucrado el ejército, como Iguala y Tlatlaya, no aparecen en las estadísticas. 

El principal argumento para el silencio: el  nuevo Código de Justicia Militar, que entrara en vigor desde el 13 de junio de 2014 y le quita poder a la Secretaría de la Defensa Nacional (es decir, al Ejército) para juzgar violaciones a los derechos humanos de las víctimas de los enfrentamientos, es decir, porque el ejército ya no es “competente para conocer de casos en los que existan víctimas civiles por violaciones a los derechos humanos”, esos datos ya no son necesarios. (Vía: Animal Político)

Mientras, las estadísticas sobre los soldados caídos en enfrentamientos es guardado con recelo y detalle, al grado de que esos mismos datos han dejado ver que las vidas de todos sus elementos no valen lo mismo: a partir de revisar el pago de seguros de vida a los deudos de militares, Animal Político descubrió que la vida de un soldado raso vale sólo un tercio de la de un coronel (el rango más alto caído en esta “guerra”).

Cuando el tribunal militar ha exculpado a sus elementos involucrados en Tlatlaya y el general Cienfuegos ha rechazado en varias ocasiones las investigaciones dentro de los cuarteles por lo acontecido en Iguala; cuando las fuerzas armadas están presionando al poder legislativo para crear un “marco jurídico” que les permita operar, el silencio en estas cifras es un signo preocupante no sólo por el valor de todas las vidas a ser lloradas, sino por lo que el olvido de estas muertes puede significar en un país militarizado.