Ejército desgastado

cienfuegos

La emboscada en Culiacán a elementos del ejército mexicano que resultó en 5 soldados muertos y 10 heridos, fue la “gota que derramó el vaso”, la reacción de la opinión pública y de la ciudadanía fue tibia, la reacción del grupo parlamentario de Morena fue detestable, el silencio de las organizaciones de Derechos Humanos fue indignante. Todo esto produjo -con toda razón- que el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, saliera con un tono de frustración y hartazgo a exigir a las instituciones mejores condiciones para las fuerzas armadas, a pedir solidaridad y apoyo de la población hacia las labores del ejército en el combate al crimen organizado.

Las políticas que hacen uso de las fuerzas armadas para tareas de seguridad interna han sido polémicas, para muchos, las instituciones castrenses no están diseñadas para cumplir tareas propias de la procuración de seguridad pública, por lo que para ellos  resulta problemático y contraproducente su utilización, debido a que no solo sospechan políticamente de la militarización, sino que arguyen que las fuerzas armadas pueden caer, por su formación, en excesos de fuerza y brutalidad que desembocan en violaciones a los derechos humanos.

Esas posiciones tienen algo de razón ya que han habido muchos ejemplos sobre uso excesivo de la fuerza por parte del ejército, pero, hay que decir, que el argumento no es suficiente para  condenar tajantemente el involucramiento de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, ya que es necesario observar el problema en un nivel más amplio, de mayor complejidad, que tome en cuenta variables que van más allá del discurso de los derechos humanos.

Si visualizamos distintas aristas del problema, nos daríamos cuenta que la participación del ejército en tareas de seguridad pública era más que inminente y necesaria. En primer lugar, si observamos a largo plazo el desarrollo del crimen organizado en nuestro país, nos daríamos cuenta que el crecimiento y el fortalecimiento de las organizaciones criminales fue exponencial por lo menos en las últimas dos décadas.

Esto significa que la influencia en campos como la política y la economía fue cada vez mayor, esto les permitió infiltrarse en mayor o menor medida no solo en las instituciones de seguridad de todos los niveles de gobierno, por supuesto esto incluye al ejército mexicano, pero en menor medida, sino también en esferas políticas locales y estatales, permitiéndoles operar de manera más eficiente y con completa impunidad, esto es lo que conocemos como narcoestado. 

En segundo lugar, ese crecimiento exponencial a nivel económico les permitió al mismo tiempo acabar con la resistencia que pudo aparecer por parte de las instituciones de seguridad, es bien sabido, por ejemplo, que el armamento de los cárteles supera considerablemente al de las policías municipales, estatales y al de algunas agencias federales, esto invariablemente posibilita al crimen organizado, por una parte subsumir a las distintas policías locales y por otro combatir directamente contra fuerzas federales como la Policía Federal.

Como podemos ver, el problema no se explica solamente desde la temas relacionados a la corrupción, la impunidad y la colusión de autoridades, funcionarios y agentes de seguridad con el crimen organizado, es decir desde la noción del narcoestado, sino también desde el poder y la capacidad de las organizaciones para someter por la fuerza a instituciones, funcionarios y agentes de seguridad.

Todo esto operó simultáneamente a la política de seguridad iniciada en el sexenio de Calderón, cuya estrategia fue “declarar la guerra” al crimen organizado, lo cual resultó catastrófico, ya que fue como “patear un avispero”, era evidente que las organizaciones criminales iban a responder brutalmente a los embates del gobierno, ya que no iban a renunciar a el poder obtenido y a los niveles de impunidad en los que operaban.

Las críticas en ese sentido apuntan a la estrategia del gobierno para combatir a esas organizaciones, pero ¿cuál entonces era, y es, la estrategia correcta para resolver el problema de seguridad, de impunidad y de violencia proveniente del crimen organizado a corto plazo? además ¿cómo combatir a esas organizaciones mientras se genera una estrategia a largo plazo de fortalecimiento de las policías locales?

Por supuesto es una solución pragmática que ha arrojado pocos resultados, pero esos resultados no tienen que ver con la eficiencia del ejército, sino con la poca preocupación de todos los niveles de gobierno en fortalecer a sus fuerzas de seguridad y a sus instituciones en términos de combate a la corrupción, de inteligencia, de equipamiento y de capacitación, así como en generar políticas públicas inclusivas de grupos vulnerables relacionadas a la educación, el empleo y la salud.

Dicho de otra forma, no ha habido una política integral y multidimensional para enfrentar el problema del crimen organizado, dicha política pública debería contemplar temas como salud, educación y empleo, ya que lo que vivimos no es solo un problema de seguridad. Esto debido a que no hubo una planificación política y jurídica sobre la participación del ejército en las tareas de seguridad pública, no hubo capacitación en derechos humanos o uso de la fuerza.

Héctor Aguilar Camín, publicó una serie de artículos relacionados a este tema, particularmente en el titulado: “Hartazgo militar” señala que no hubo una legislación que “autorice, regule y proteja su acción como fuerzas sustitutas de las corporaciones policiacas.” Esto desembocó en que el ejército operara sin una regularización clara sobre el uso de la fuerza, pero también se le expuso cada vez más a niveles brutales de violencia, lo cual resulta en la posibilidad de mayores “excesos y violación de derechos humanos”.

Asimismo, esas escaladas de violencia no hacen sino encarnizar los enfrentamientos, dicho en palabras de Aguilar Camín: “La brutalidad progresiva del crimen organizado no hace sino exacerbar la tentación de darle respuestas brutales. Después de todo, los que están en la línea de fuego son seres humanos, no máquinas de cumplir preceptos humanitarios.”

En otro artículo Aguilar Camín plasma un relato brutal de un mando del ejército hecho a Federico Reyes Heroles que plasma la paradoja a las que se enfrentan nuestras fuerzas armadas, en el relato se puede observar la trampa y la encrucijada a la que se enfrentan los soldados ante la falta de legislación, ante las escaladas de violencia y ante el tema de los derechos humanos, aquí plasmamos algunos fragmentos:

“Cuando agarran a uno de los nuestros, los castran y les enseñan sus bolas para que las vean, después los dejan desangrarse o les mochan los dedos o las orejas para mandarles fotos a los familiares. A muchos les sacan los ojos uno por uno, los levantan y los ponen a caminar ciegos, los empujan, los vejan, los patean y después de un rato les dan el tiro de gracia. Me miró fijamente, de todo nos enteramos. Me preguntó sin esperar respuesta, cómo quiere usted que la tropa no se en… Son nuestros compañeros, amigos, conocidos de nuestras familias. Nuestros hijos juegan juntos. Imagínese que le ocurriera a un conocido suyo. Yo no tengo palabras. […] Mire, me dice, si contamos lo que sabemos, si contamos lo que nos hacen, nada más para que la gente esté enterada, nos ponemos la soga al cuello. Todo el mundo va a decir que torturamos, que matamos por venganza. Y por supuesto que no es así, estamos entrenados. Somos hombres de armas, profesionales. Pero le mentiría si le dijera que no hay odio en contra de estos hijos de su… ocurren cosas. La otra posibilidad, no contarles nada a ustedes (los civiles), también es un engaño. Por eso la trampa, si contamos, en automático van a esperar de nosotros atrocidades. Hay motivos humanos. Pero si no contamos no se entiende lo que estamos viviendo.”

 

 

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