Diversas ONG documentan 61 casos de empresas que violan derechos humanos en México

A grandes rasgos, las organizaciones explican en fichas técnicas la problemática de cada caso y precisan qué dependencias del gobierno están involucradas en la violación a los derechos humanos.

En México, antes de la llegada de los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, alrededor de 100 organizaciones civiles presentaron un informe con 61 casos documentados de abusos perpetrados por 99 empresas. La mitad de las cuales implicaron intimidaciones y amenazas contra sus opositores.

De acuerdo con Proceso, en las 164 páginas del informe, las organizaciones denunciaron a 41 empresas de origen extranjero, 50 mexicanas y ocho paraestatales por los impactos negativos de sus “megaproyectos” en los sectores de la minería o de la construcción, extracción de hidrocarburos, proyectos eléctricos o agroindustriales, así como en el sector maquilador.

“En México, la influencia corporativa se observa en todos los niveles del gobierno, debilitando los procesos de protección y cumplimiento de los derechos humanos a favor de los intereses empresariales”, advirtieron.

Además, señalaron que las reformas constitucionales fomentaron la proliferación de megaproyectos. Cabe resaltar que en la mayoría de los casos documentados, las víctimas de las violaciones a sus derechos humanos son las poblaciones indígenas.

Asimismo, las organizaciones civiles recalcaron que los proyectos con mayores afectaciones a los derechos humanos se encuentren filiales de los gigantes mexicanos como Grupo Hermés –de Carlos Hank Rhon–, Grupo Higa –propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú–, Grupo Carso –de Carlos Slim–, Grupo Bal –de la familia Bailléres– o Grupo México –de Germán Larrea–.

También destacaron a las españolas FCC, Abengoa y Enagas, la brasileña Odebrecht, la empresa de armamento alemana Heckler & Koch (que envió ilegalmente armas a México, las cuales fueron usadas por policías de Iguala en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa) y las gigantes canadienses de la minería como Goldcorp; así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex y Mexichem.

En otros casos, se encuentran la industria transgénica como Monsanto, Bayer, Syngenta o Dow Agrosciences, vinculados a la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán (la cual, a su vez, afecta a los apicultores locales) y a la comercialización de semillas de maíz transgénico en el país.

Grupo Bimbo también fue señalado por las organizaciones –en este caso por Greenpeace–, ya que la materia prima de sus productos proviene de los campos de la agroindustria, la cual utiliza 30 plaguicidas “altamente tóxicos”, prohibidos en otros países, pero legales en México.

A grandes rasgos, las organizaciones explican en fichas técnicas la problemática de cada caso y precisan qué dependencias del gobierno están involucradas en la violación a los derechos humanos.

Con la mayoría de los casos, se trata de los gobiernos locales, pero también de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Federal para la Prevención contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris), los gobiernos estatales o las agencias de seguridad.

Según el informe, las actividades empresariales depredadoras suelen afectar en un primer lugar al derecho a la tierra y el territorio –a través de las expulsiones de poblaciones–, pero también al derecho a la información –debido a procesos de consulta amañados—, al medio ambiente sano y a la salud.

El grupo de expertos de la ONU permanecerá 10 días en México. Durante ese tiempo, estará en la capital del país, Oaxaca, Jalisco, Sonora y el Estado de México. Además, sostendrá encuentros con funcionarios y empresarios, así como con integrantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y activistas.

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