Este jueves, diputados de Movimiento Ciudadano, Morena, PAN y PRD presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) controversias de anticonstitucionalidad a la Ley de Seguridad Interior, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017 ante una gran polémica por su forma y tiempo de aprobación. (vía: El Economista)
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Desde el día de ayer, Francisco Martínez Neri, coordinador de diputados del PRD, anunció que se habían reunido, incluso superado, las firmas necesarias para que se presentara este recurso contra la ley:
“Estamos listos para presentar la acción de inconstitucionalidad a la Ley de Seguridad Interior el día de mañana. Ya está firmada por el PAN, PRD, MC y Morena, por lo tanto tenemos ya sobradas la firmas para que la SCJN reciba la acción de inconstitucionalidad”. (vía: Aristegui Noticias)
En la entrega de estas controverias, los diputados declararon que se están impugnando tanto la Ley en su generalidad como cada uno de los 28 artículos que lo componen porque todos representan una violación a lo estipulado dentro de la Constitución, por lo que se espera que esto sea un paso hacia la derogación del decreto firmado por el presidente.
Marko Cortés, coordinador parlamentario panista, explicó que se adhieren a artículos como el 49 constitucional, que estaría siendo violado por esta ley al impedir o entorpecer la autonomía de los Estados. Y aunque precisó este artículo, en sus palabras fue más allá de eso:
“Es un homenaje a la inconstitucionalidad. Es un problema que no se arregla modificando uno o dos artículos… el Congreso no tiene las facultades para legislar en materia de Seguridad Interior y la Seguridad Interior no es un concepto que pueda desasociarse de la seguridad pública mucho menos como viene planteado en la Ley”. (vía: El Economista)
También está el respaldo de los artículos 9 y 31, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ya había reclamado por la obstrucción al libre derecho a la información que supondría el volver toda información como de Seguridad Nacional bajo el escrutinio de esta normatividad. (vía: Huffington Post)
Nos sumamos al llamado urgente de la CNDH y de la ONUDH para que el Estado mexicano se abstenga de aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior y en su lugar abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el país conforme a los estándares internacionales en DDHH
— CIDH – IACHR (@CIDH) December 13, 2017
Este no es el primer recurso por anticonstitucionalidad que se prenseta frente a la Ley de Seguridad Anterior. Anteriormente el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, había interpuesto controversias antoconstitucionales porque no garantiza su autonomía. Sin embargo, la acción emprendida por los grupos parlamentarios de estos cuatro partidos representa un paso más claro rumbo a la definición de esta ley.
No son pocas las organizaciones de Derechos Humanos que emitieron recomendaciones para que la ley no se aprobara. En todos los casos, se consideró que se violenta el derecho humano del acceso a la información, así como que su redacción dejaba muchos espacios para su interpretación y, bajo ella, se podrían violar derechos humanos elementales, así como no garantizar procesos judiciales que respeten esos mismos derechos.
Por otro lado, seguirá siendo importante replantearse el modelo de seguridad a seguir para México, más allá de otorgar facultades y potestades a organismos que, constitucionalmente, no pueden tenerlos.
