Desde que inició la guerra con el narco, la policía “perdió” 13 mil armas

Desde 2006, cuando inició la guerra contra el narcotráfico, los cuerpos seguridad han reportado más de 13 mil armas como extraviadas. Todas las corporaciones, en los tres niveles de gobierno, forman parte de esta estadística. Los expertos en materia de seguridad advierten que esta “pérdida” beneficia al crimen. No sólo se han reportado pistolas, también armas largas. Coincidentemente, los estados en los que más se “extravían” las armas, tienen los mayores índices de violencia.

Los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalan que entre 2006 y 2015, en promedio, se reportan mil 274 armas como robadas o extraviadas cada año. Sin embargo, los detalles del modo en que se perdieron no son aclarados. En el “extravío” de armamento están involucrados los cuerpos de policía federal, estatal y municipal, guardias de seguridad privada, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Sedena y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Aproximadamente, 3 de cada 10 reportes involucran armas largas, sobre todo, escopetas y fusiles de asalto, es decir, de las  13 mil 102 armas reportadas como perdidas, 3 mil 571 sor armas largas. María Eugenia Suárez Garay, experta en temas de seguridad, afirma que esta situación se debe a la gran desorganización que caracteriza a todas las instituciones policiales.

 “Te habla de una presencia muy crucial de la ilegalidad… sus controles internos y externos no tienen la fuerza necesaria. Te muestra la opacidad con la que la policía trabaja.”

Esta tendencia creció a partir de 2009. En esa ocasión se registraron 2 mil 113 armas extraviadas, mil 569 más que el año anterior. Desde esa vez, la cifra no ha sido menor a las mil unidades “perdidas” anualmente.

No existe un reglamento que regule a nivel nacional el manejo de las armas de los cuerpos policiales, las sanciones pueden variar de acuerdo a la dependencia a la cual fue asignada. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la segunda entidad con más armas desaparecidas, el policía debe pagar el arma. En el Estado de México, entidad que encabeza este ranking, los agentes son sancionados administrativamente y pueden ir a la cárcel; pero, sólo si se les comprueba que han actuado con negligencia.

Las marcas que se “extravían” con mayor frecuencia son Beretta 9 milímetros, Smith & Wesson .38 especial, Glock y Colt calibre .223. De acuerdo al registro de la Sedena, 8 de cada 10 armas “perdidas” (10 mil 359) pertenecían a los cuerpos de seguridad estatales y municipales. De esa cantidad, la mitad pertenecía a policías del Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Tamaulipas, las entidades del país con mayores índices de violencia.

Entre 2009 y 2015, algunos medios de comunicación han documentado robos a cuarteles policiales perpetrados por el crimen organizado. A finales del 2014, por ejemplo, en menos de 48 horas robaron 39 armas de una base municipal del Estado de México. En marzo de 2015, la Secretaría de Seguridad Pública reportó que le robaron 34 armas a la Policía Auxiliar. Pero, para María Eugenia Suárez Garay, esa hipótesis resulta insuficiente:

 “A lo largo de casi 20 años de trabajar con la policía he escuchado testimonios de compañeros que viven o tienen un ingreso extra rentando armas a la delincuencia.”

Un policía, entrevistado por El Universal, que prefirió no revelar su nombre, declaró que, aunque saben que el manejo de las armas es delicado, muchos compañeros actúan con negligencia:

 “También hemos sabido de oficiales que dejan su arma asignada en la cajuela de los autos o simplemente encima del asiento y les rompen el cristal.”

Los policías estatales y municipales cuentan con 434 mil 221 armas; en promedio, se “perdieron” 25 de cada mil. El Estado de México tiene a su disposición 54 mil 729 armas; en los últimos diez años, se “extraviaron” casi 2 mil. Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Guerrero también tienen los índices más altos, no se sabe que ha pasado con 60 de cada mil armas.

No hay ninguna institución de seguridad en la que no haya desaparecido armamento; por ejemplo, en el ejército de reportó la pérdida de 57 armas, de las cuales sólo se pudo acreditar el robo de 12. Se debe de reconocer que la Sedena cuenta con un registro más cuidadoso. En este periodo, tiene registrada el “extravío” de mil 569 unidades, que representa una pérdida de casi 5 millones de pesos. La mayoría de los casos se sucedieron en las entidades de Chihuahua, Ciudad de México, Durango y Jalisco.

En 2011, se tomaron las primeras medidas  para tratar de controlar este problema, cuando la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) del Estado de México, reportó la cantidad más alta de unidades “extraviadas”, 344. En ese momento, el gobernador, Eruviel Ávila, sostuvo que era una situación que debían frenar porque “era lógico que esas armas estaban terminando en las manos de los delincuentes”.

De acuerdo a la última modificación de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, aprobada el año pasado, la sanción a la que se hace acreedor un policía que extravía su arma puede ser de uno a dos años de prisión, una multa 200 a 500 días de salario mínimo e, incluso, el cese, la baja, la destitución o la inhabilitación.

En el caso de la policía capitalina, si un oficial pierde un arma debe levantar el acta correspondiente en el Ministerio Público, el cual debe informar a Asuntos Internos. En 10 años se reportaron  mil 836 armas “extraviadas”, que pertenecían a la policía de la Ciudad de México. Por esa razón el gobierno capitalino decidió instalar 15 estaciones de policía, en las que los oficiales deben regresarlas al terminar su turno.

La situación es particularmente grave, no sólo porque las autoridades responsables no logran disminuir la cifra, también porque no informan las circunstancias en que se están perdiendo las armas. La investigadora María Eugenia Suárez Garay concluyó que el problema no es únicamente que los policías pierdan sus armas o las vendan, sino que como institución, no se tome en serio la necesidad de tener controles efectivos sobre sus recursos.