Desalojan con violencia a habitantes de la comunidad de Xochicuautla

Pese estar amparados los pobladores de Xochicuautla fueron violentados por la Policía del Estado de México y maquinaria de Grupo Higa.
Xochicuautla

El día de hoy, al menos unos 700 agentes policiacos estatales sitiaron desde esta mañana a la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México, comenzaron con el desalojo y derrumbe de las casas que se encuentran en el trazo de la autopista Toluca-Naucalpan.

De acuerdo con el portal Animal Político, esta obra es edificada por Autopistas de Vanguardia S.A. de C. V., empresa filial de Grupo Higa (empresa que ha obtenido diversos contratos por parte del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y que construyó una mansión de 7 millones de dólares para la familia presidencial, la llamada “casa blanca”).

Esta empresa es propiedad –por cierto– de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales contratistas del gobierno federal y cuyas operaciones financieras en paraísos fiscales fueron recién descubiertas tras la investigación de los “Papers Panama”.

La construcción de la autopista fue impulsada en 2006 por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. El territorio fue expropiado por decreto presidencial en favor del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios conexos y Auxiliares del Estado de México en 2015.

De acuerdo con el Frente Juvenil Xochicuautla y otras organizaciones civiles, seis camiones de granaderos, varias patrullas de la Policía del Estado de México y maquinaria de Grupo Higa, arribaron la mañana de este lunes 11 de abril a la comunidad y se colocaron en los accesos principales de la población.

Los pobladores, quienes se oponen al despojo de sus territorios para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, responsabilizaron a Ángel Valdez Ramírez, representante de bienes comunales de la comunidad y al gobernador Eruviel Ávila Villegas “por cualquier acto de represión que lleguen a cometer”.

Por su parte José Luis Fernández, vocero de la comunidad, indicó que desde las 9:00 horas de este lunes comenzaron a arribar a la zona camiones con policías estatales, cerca de 700. “Entraron por varios parajes y la comunidad está sitiada completamente; en las entradas a las calles y todos los lugares hay muchos policías”, acusó.

Este vocero indígena otomí explicó que con la irrupción se violenta la suspensión definitiva de la obra ordenada por los amparos previamente obtenidos, por lo que “no pueden estar trabajando”.

“Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio.

“Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo”, indicó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Los elementos policiacos acompañaron a personal de la empresa y a quienes se presentan como empleados del gobierno del Estado de México. La primera casa derrumbada con apoyo de las máquinas de construcción fue la del doctor Armando García, delegado de la comunidad, ubicada sobre el trazo del proyecto carretero.

“La están derribando ahorita, pero para derribarla antes desalojaron y golpearon al menos a 25 compañeros, entre ellos a Isabel Bernaldez, de entre 78 y 80 años, integrante del Consejo Supremo, a quien los policías arrastraron”, indicó el vocero.

García Salazar precisó que previo a la demolición de su casa no fue notificado; esta mañana, expuso, “llegó a mi domicilio quien dijo llamarse Luis Enrique García, empleado de gobierno del Estado de México, apenas amparado por una copia del decreto expropiatorio y acompañado por la fuerza pública”.

 

Previo al desalojo, al afectado no se permitió extraer sus pertenencias y documentos; los policías, explicó, sólo recuperaron algunos muebles, pero la mayoría quedó dentro. Los habitantes advierten la posibilidad de que Higa continúe con el derrumbe de inmuebles, vía la imposición, para concretar el proyecto carretero.

A su vez, la CMDPDH agregó que la defensa de la vida, el agua, el bosque y el campo continuarán hasta que la autopista sea cancelada de manera definitiva y se respeten plenamente los derechos de las comunidades.