De no renegociar, México buscará anular contratos que privatizaron 8 cárceles

El presidente señaló que los acuerdos son un abuso y tiene que haber un acuerdo en beneficio de la Hacienda Pública
(Imagen: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de un proceso para anular los contratos que hay con varias empresas que proveen servicios en ocho centros penitenciarios en México. El presidente explicó esta medida se toma tras la revisión de estos acuerdos, los cuales consideró como “un abuso”.

“Se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos, si no se tiene un arreglo”, expresó López Obrador durante la conferencia matutina este 13 de enero.

El presidente explicó que pidió que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo.

“Consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente, y que, si tienen, voluntad que haya un arreglo. Se debe lograr un acuerdo en beneficio de la Hacienda Pública”, agregó.

Estos centros penitenciarios se encuentran en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Coahuila. Los contratos fueron celebrados en 2010 y 2011, durante la administración de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna era titular de Seguridad.

Contratos ‘abusivos’

Si bien las empresas que fungieron como proveedores eran otras, actualmente el gobierno federal debe pagarle anualmente miles de millones de pesos a los proveedores actuales. Estas son Capital Inbursa, DIP Concesionaria Duranguense de Iinfraestructura Penitenciaria, GIA, Exi Quantum, Concesionaria Duranguense de Infraestructura penitenciaria de Michoacán y Black Rock.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), los pagos a estas empresas por los servicios en las cárceles privadas constituye el 68% del presupuesto de los centros penitenciarios del país, es decir, 15 mil millones de pesos.

Fotografía ilustrativa. (Imagen: Gabriel Pérez / Cuartoscuro)

Estos centros penitenciarios no están ocupando su capacidad. De hecho, la cárcel en Morelos, para mujeres, está en el 32% de su capacidad; y la de Michoacán esta al 48%. La de Sonora tiene la ocupación más alta, en 78%.

La secretaria de la SSC explicó también que de estas cárceles, la más barata tiene un gasto de 2 mil 500 pesos diarios por reo. Explicó que, en contraste, en las cárceles de la Ciudad de México, administradas por el gobierno, tienen un gasto promedio de 500 pesos diarios por interno.

Rodríguez Velázquez señaló que hasta el momento, el gobierno ha pagado 75 mil 661 millones de pesos a las empresas por sus servicios. Esto constituye solo el 36% de lo acordado. Además faltan 190 mil 638 millones de pesos, los cuales se pagarían a más tardar a finales de los años 30 de este siglo.

Empresas se quedarían con la propiedad

Durante la conferencia, funcionarios del gobierno explicaron que estos contratos fueron por adjudicación directa y las cláusulas estipulan que deben pagarle a las empresas con o sin internos. Además, la responsabilidad de la seguridad de estos lugares está en las manos del Estado y cuando los contratos concluyan en la siguiente década la propiedad será de las empresas.

El presidente también señaló que para estos contratos hubo “abusos de todo tipo”.

“Los beneficiarios de estos contratos [están] muy vinculados al poder”, remató.

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