Cronología de los linchamientos en Ajalpan, Puebla

El pasado 19 de octubre fueron linchadas dos personas en Ajalpan, Puebla. Se trata de los hermanos José Abraham, de 25 años de edad, y Rey David Copado Molina, de 35. A uno lo asesinaron a machetazos y al otro le prendieron fuego encima. Ambos trabajaban como encuestadores para la empresa Marketing Research & Services y realizaban un estudio en la zona sobre consumo de tortillas.

Más de 300 habitantes aprendieron a los jóvenes y comenzaron a amedrentarlos: los tacharon de secuestradores y violadores. La población tomó el palacio de justicia de la región, lo saqueó y después lo incendió. A pesar de que la abuela de uno de los jóvenes linchados acudió al lugar para identificarlos como encuestadores, la gente no escuchó y cometió el crimen. La mujer salió ilesa pero no pudo evitar los incidentes.

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El 20 de octubre las empresas encuestadoras para las que, efectivamente, trabajaban las víctimas emitieron un comunicado donde lamentaron los hechos y criticaron enérgicamente el “clima de inseguridad y violencia que impera en nuestro país”. Más de 13 mil familias dependen de las asociaciones de investigación mercadotécnica para subsistir. Sin embargo, este trabajo se ha vuelto cada vez más riesgoso, como muestran los hechos ocurridos el pasado 19 de octubre: “Pareciera que cualquier persona que habite el espacio público se vuelve sospechosa de ser delincuente”, asegura el comunicado y señala que el libre tránsito por el territorio nacional es un derecho constitucional que ha dejado de respetarse. Finalmente, la asociación de empresas exige justicia para los hermanos Copado Molina, indemnización para sus familias y que se garantice la seguridad de sus trabajadores a nivel nacional.

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En un comunicado de prensa, publicado el 21 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos

demanda justicia para las víctimas y sus familias, mediante una investigación seria y profesional que permita dar con los responsables, para que sean castigados de acuerdo con la ley, no haya impunidad, y además exista reparación integral del daño.

La CNDH señaló que, según diversos medios informativos, a lo largo de este año han ocurrido ya nueve casos similares en diversos lugares de Puebla, sin que la autoridad haya tomado acciones efectivas para controlar la situación.

El Instituto Nacional Electoral reprobó los hechos y  exigió una investigación profunda para castigar a los culpables. Lorenzo Córdova, consejero presidente, deslindó al INE de cualquier relación con las empresas encuestadora; sin embargo, reconoció que la violencia y la impunidad imperantes en ciertas zonas del país, así como la extendida desconfianza hacia las autoridades, han obligado al INE a suspender actividades en localidades donde no hay condiciones mínimas de seguridad.

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Último en reaccionar, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle emitió sus resoluciones tras los hechos en un comunicado oficial, publicado el 22 de octubre. En el documento, el funcionario responsabiliza por omisión al gobierno municipal de la localidad. En vista del corto alcance del mando municipal, el gobernador decidió asumir la responsabilidad de la seguridad pública de la región, función que ejercerá por medio del director de la Policía Estatal Preventiva, Anuar Fernández Redondo. Esta medida tendrá una duración de 180 días a partir de su emisión.

De acuerdo con diversas declaraciones, fue una niña la que denunció que dos sujetos habían querido llevársela; a pesar de que ni siquiera ella los identificó como agresores, la turba encendida los torturó hasta la muerte. En algún momento de las averiguaciones, se afirmó que ambos muchachos eran estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. Al día siguiente, el 21 de octubre, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo negó que esto fuera verdad: no hay registro de que los hermanos hayan estudiado en esa institución.

Actualmente, hay cinco personas detenidas por su presunta responsabilidad en los linchamientos. Aún hay cuatro más que están siendo perseguidas. De acuerdo con las cámaras de seguridad que registraron los crueles acontecimientos, hubo nueve responsables directos por las muertes de los hermanos Copado Molina. No obstante, se ha hablado de un grupo indefinido de ciudadanos que persiguió a los jóvenes y alentó su ejecución: ¿todos ellos deberían ser procesados por complicidad?

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El problema que muestran los hechos del 19 de octubre en Ajalpan, Puebla, es muy profundo y tiene que ver con el ejercicio de justicia por mano propia. Cuando ya no hay confianza en las autoridades, las personas se sienten responsables de su bienestar. En teoría, el Estado es la institución con la legitimidad necesaria para actuar ante cualquier falta a las leyes que nos rigen; pero cuando el Estado se encuentra tan debilitado (en los hechos y en la fama) como ahora, no hay manera en que pueda cumplir sus funciones. La situación es grave: si cada quien ejerce justicia por mano propia, pueden ocurrir casos como el de Ajalpan, donde un par de trabajadores inocentes son culpados por delitos que no cometieron y, a falta de averiguaciones y juicios, son ejecutados injustamente.

Por: Redacción PA.