La crisis de los derechos humanos en México

Hace un mes se dio a conocer el “Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento de su misión a México”. Christof Heyns, relator especial de la ONU, informó que, a pesar de las recomendaciones hechas en el 2013 por el Consejo de Derechos Humanos al gobierno mexicano, persistían las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad.

Heyns afirma que los grupos más vulnerables están expuestos a la violencia y a los asesinatos. Entre otros motivos, se debe a que no existe una legislación adecuada que garantice el derecho a la vida. El esfuerzo del gobierno de México ha sido insuficiente para reducir la militarización de la seguridad pública. De acuerdo al informe, la privación arbitraria de la vida y la impunidad siguen siendo problemas graves en México.

“Durante su visita a México, el Relator Especial observó que el derecho a la vida estaba en grave peligro en el país como resultado de diversos factores, entre ellos las deficiencias del sistema jurídico, el aumento de la delincuencia organizada y el narcotráfico, la militarización de la policía, la falta de disposición o de capacidad de la policía y los fiscales para iniciar investigaciones, la desconfianza de la ciudadanía hacia el poder judicial y la falta de rendición de cuentas por las violaciones cometidas.”

En su anterior visita Heyns formuló las siguientes recomendaciones: crear un marco jurídico para garantizar el derecho a la vida, establecer mecanismos para la rendición de cuentas por las vulneraciones de los derechos humanos pasadas y presentes, terminar con el proceso de militarización de la seguridad pública, recurrir a la jurisdicción civil en los casos de vulneraciones de los derechos humanos, instaurar las normas adecuadas sobre el uso de la fuerza por los agentes del policiales, garantizar los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada y proteger el derecho a la vida de los grupos vulnerables, particularmente de indígenas y migrantes.

De acuerdo al Relator de las Naciones Unidas, los niveles de violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad y el crimen organizado son alarmantes. Sobre todo, considerando que no existen los mecanismos adecuados para juzgar las violaciones de los derechos humanos. Señala que con la militarización de la seguridad pública han surgido nuevos problemas. El paradigma militar permite que se den órdenes explícitas de “matar a criminales”, como en Tlatlaya. Aunque el gobierno federal sostiene que los 22 civiles murieron durante el tiroteo, se ha documentado de cuando menos 12 de ellos fueron ejecutados después de ser capturados.

Heyns también mostró gran preocupación porque los homicidios perpetrados por el personal militar no sean juzgados en tribunales civiles. Además, porque en muchos casos no se iniciaron las investigaciones correspondientes sobre las violaciones de los derechos humanos. Y, aunque el gobierno ha hecho una reforma para facultar a los tribunales civiles, para intervenir en estos casos, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicha reforma no cumple con las normas internacionales.

Otro punto que destaca el informe es el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones públicas. Por ejemplo, el Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes da amplias facultades a los agentes de seguridad y, además, describe una forma muy ambigua las situaciones en las que se autoriza el uso de la fuerza. Debido a la aplicación de ese protocolo muchas personas han sido detenidas arbitrariamente o han sufrido lesiones.

Por ello, Heyns señala que, en buena medida, la impunidad se debe a que el poder judicial y la Comisión Nacional de Derechos Humanos carecen de autonomía y, sobre todo, que las autoridades les falta compromiso para garantizar los derechos humanos. Y, aun cuando, reconoce que el gobierno ha hecho algunas reformas para atender las recomendaciones de la ONU, resultan insuficientes.

“México sigue afrontando diversas dificultades en relación con la protección del derecho a la vida. Los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables. Las medidas de protección de los grupos en situación de riesgo siguen siendo insuficientes e ineficaces. A pesar de una serie de reformas jurídicas e institucionales, la falta de rendición de cuentas por las violaciones del derecho a la vida sigue siendo un grave problema que fomenta la percepción pública de impunidad y alimenta el ciclo de la violencia. Las víctimas siguen sin recibir una reparación adecuada.” Concluye.