La Suprema Corte considera anticonstitucional reducirse su propio sueldo

Después de que el incremento en los precios de la gasolina desencadenara una serie de protestas que, aún hoy, siguen desarrollándose, el gobierno federal anunció que tomaría medidas para reducir, en lo posible, su gasto corriente. Todas las dependencias y todos los poderes de la Unión, incluida la Suprema Corte, declaraban a los cuatro vientos que buscarían la manera entrar en “austeridad”: recortando viáticos, cancelando compras de bienes u obras que pudieran considerarse “innecesarias”. (Vía: Animal Político)

Con todo y las medidas, los recortes que han anunciado no apuntan ni a sus salarios ni a otros ámbitos que varios especialistas han señalado que podría traer más ahorros. Esta vez, es el turno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A mediados de enero, en plena crisis de las manifestaciones por el gasolinazo, la SCJN anunció que haría lo posible por reducir su presupuesto anual, de mil 900 millones de pesos, y que lo ahorrado sería regresado a la Federación. La organización civil “Somos más” envió una carta a la SCJN solicitando a los ministros que redujeran sus salarios. En el documento de respuesta a esta petición, firmado por el secretario general de Acuerdos de la Corte, Rafael Coello Cetina, se asegura que ni los ministros ni ningún funcionario puede reducir sus ingresos, de acuerdo al principio de “irreductibilidad” en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Vía: Reforma)

Según este artículo constitucional, ya que a ningún funcionario público se le tiene permitido recibir alguna otra remuneración durante el ejercicio de su cargo, sus sueldos les deberían de permitir un nivel de vida suficiente para que su única preocupación sea legislar o gobernar: 

“[El documento de respuesta] señala que el monto de su remuneración ayuda a que las resoluciones de los ministros se emitan con estricto apego al marco jurídico sin influencias ajenas, pues los magistrados están restringidos por la Constitución para ejercer otros cargos.” (Vía: Animal Político)

Esta resolución de los magistrados podría abrir una puerta riesgosa, particularmente con la clase política que tenemos: si bien varios funcionarios públicos han reducido (simbólicamente) sus ganancias, cualquiera podría argumentar, ahora, que por obedecer la constitución no pueden hacerlo. Con el anuncio de Enrique Peña Nieto de que se reduciría 10% la partida de sueldos y salarios del presupuesto federal, ¿cuántas demandas por actos inconstitucionales podrían ocurrir?