El Consejo de la Judicatura Federal había lanzado un concurso para designar a los nueves jueces de distrito que protegerán las leyes y su aplicación en nuestro país. Sin embargo, este tuvo que se anulado después de detectarse algunas irregularidades. (Vía: Excélsior)
Mediante un comunicado, explicaron que la cancelación del Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito (interno de oposición… no, pues wow) se debe a que encontraron en los exámenes reactivos obtenidos de manera ilegal… o sea: robados.
Antes de pensar en plagio, hay que considerar que esta prueba estaba por designar funcionarios públicos mediante una prueba que mediría sus capacidad y aptitudes en el conocimiento de las leyes, que por cierto defiende la propiedad intelectual, pero en este caso se trata de una prueba estandarizada de medición de conocimientos.
El problema real está en que, presumiblemente, esta prueba contenía preguntas que se ha presentado en otros lugares, por lo que algunos de los candidatos podrían ya haberla presentado, otorgándoles la posibilidad de tener una ventaja injusta sobre los demás. Al mismo tiempo, que algo así suceda en uno de los órganos de justicia más importantes del país, a nivel Federación, es escandalozo y ridículo.
Los concursos para jueces, además de tener nombres súper largos, también tienen problemas a cada rato. El hecho de que una institución del tamaño e importancia del Consejo de la Judicatura Federal no pueda tener alguien quien realice sus exámenes sin pensar en “Ah, si me robo esta preguntita nadie se va a dar cuenta” no sólo pone en una situación bochornosa al CJF, sino a toda la jurisprudencia nacional.
El mundo de los abogados, jueces y todos los que se dedican a las leyes, sabemos que la redacción no necesariamente es su fuerte, pues lo importante es redactar textos que expliquen lo que quieren decir, no precisamente que se les entienda. Pero una cosa es escribir mal y otra, por completo diferente, ni siquiera escribir y quitarle el mérito a quienes sí lo hicieron.
Esto, por supuesto, comprometía la transparencia, como señalaron en el documento explicativo. La elaboración de estas pruebas será ivestigada y ha informado que llegará “hasta las últimas consecuencias” y el castigo se implementará con contundencia… aunque esto ya sucedió tanto en 2015 como en 2016. Pero, bueno, esto aquí se le perdona hasta al Presidente. (Vía: Reforma)
