El bono secreto de los legisladores

Sí, todos sabemos que el horno no está para bollos, que la economía nacional no atraviesa el mejor momento y que la deuda del país, aunque ha aumentado considerablemente, todavía no se encuentra en niveles preocupantes. Las medidas tomadas en el paquete económico 2017, enfocadas en controlar el aumento de la deuda pública y obtener un superávit, parecen ser las correctas ya que para nuestra economía sería peligroso que la deuda pública alcanzara el tope de 60% del Producto Interno Bruto (PIB). (Vía: El Financiero)

Sin embargo, parece que el legislativo no tiene el mínimo de sentido común o, de menos, principios básicos de sensibilidad política. Recordemos que ellos son los encargados de aprobar el presupuesto federal propuesto por la Secretaría de Hacienda, es decir, son los legisladores los que utilizan las tijeras para los recortes presupuestales que de una u otra forma afectan la operatividad tanto de las instituciones, como de los distintos programas de gobierno.

Pero el discurso de austeridad y de responsabilidad financiera parece no importarles a diputados y senadores, quienes se aprobaron un bono de fin de año de 419.6 millones de pesos. Para ser más específicos, cada legislador recibirá aproximadamente 718 mil pesos.

Si bien el bono no es un desfalco a las arcas de la nación, sí resulta ignominioso que frente a los fuertes recortes presupuestales que impactaron directamente distintos sectores como la educación, el desarrollo social o el desarrollo científico y tecnológico, los legisladores se aprueben una bolsa millonaria para cubrir bonos que duplican su ya de por sí elevado salario.

Resulta irónico que los recortes presupuestales no tomen en cuenta lo costoso que resulta el poder legislativo para la federación, entre salarios, bonos, seguros de gastos médicos mayores y demás prestaciones (superiores a las de la ley), además del excesivo número de comisiones legislativas inútiles, en las que se van cientos o miles de millones de pesos cada año.

Además de todo este dinero presupuestado de antemano, hay recursos que entregan las bancadas a los legisladores de forma discrecional que son declaradas como compensaciones, pero hay poca transparencia en los manejos y causas de la entrega. Asimismo, también se entregan recursos al personal administrativo de cada bancada (honorarios y personal de confianza) como parte de gratificaciones, ya que muchas de estas personas laboran sin prestaciones de ley a diferencia de los legisladores.

Pero estos no son las únicas prestaciones a las que están sujetos los legisladores, recordemos que también reciben viáticos exhorbitantes, tarjetas IAVE, bonos de despensa, vales de gasolina, seguro de gastos médicos mayores (es decir, no van al ISSSTE aunque también se les da la prestación), seguro de separación, seguro de vida institucional equivalente a 40 meses de dieta, bonos por asistencia legislativa y por atención ciudadana. Para decirlo de otra forma, los legisladores nos cuestan una verdadera fortuna.

Resulta totalmente indignante que gran parte de los mexicanos no cuente ni con el mínimo de prestaciones, mientras los diputados y senadores cuentan con esa clase de condiciones laborales superiores a las de la ley.

Esos legisladores que se rasgan las vestiduras por las formas de operación de organizaciones corporativistas como la CNTE o el sindicato de Pemex, y que llaman “privilegios” a las prestaciones laborales que reciben, son los mismos “privilegiados” que tienen la facultad de otorgarse “privilegiadas” condiciones laborales. Son los mismos que pregonan con la austeridad, la flexibilización del trabajo y que han legislado por retirar la obligatoriedad de las prestaciones sociales para los trabajadores argumentando que representan un gasto fuerte para el gobierno que a largo plazo podría resultar contraproducente. A ellos habría que empezar por exigirles que pongan el ejemplo. (Vía: El Universal)