Arranca SNA como letra muerta

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El día de hoy “en teoría” entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), decimos “en teoría” porque arranca incompleto e inoperante, es decir como letra muerta. El resultado concreto, más allá del show mediático que afirmaba que por fin teníamos un sistema para combatir y erradicar la anómica corrupción de nuestro país, fue un sistema endeble, sin mecanismos de coerción y sin la suficiente autonomía operativa.

Para darnos una idea, tenemos un sistema anticorrupción sin un fiscal anticorrupción designado, es decir, sin una de sus principales cabezas. Tampoco se ha designado a ninguno de los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, quienes son los encargados de sancionar a quienes incurran en actos de corrupción.

Pero eso no es todo, solo 19 entidades federativas han realizado las reformas mínimas necesarias para implementar el sistema anticorrupción. Esto significa que los congresos estatales no han acoplado sus leyes a las promulgadas a nivel federal, además, muchas de ellas son leyes hechas a modo para cubrir a gobernadores salientes implicados en presuntos actos de corrupción.

Legislativamente, el Sistema Nacional Anticorrupción implicó reformas en siete leyes. La configuración institucional esta compuesta por un comité ciudadano, magistrados, el secretario técnico y el fiscal, los cuales está coordinados con la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Recordemos que la creación del SNA se dio en el contexto de los escándalos de la “casa blanca” y de varios gobernadores corruptos; ahí la sociedad civil respondió e impulsó una reforma para crear una institución fuerte y autónoma que pudiera castigar la corrupción de manera expedita.

Sin embargo, no hubo esa voluntad en el legislativo, ya que este se encargó de quitarle atribuciones y capacidad operativa al sistema propuesto originalmente. De hecho el sistema político utilizó la mediatización de esta ley para desahogar la presión generada por la sociedad y la opinión pública respecto al tema, presentaron con bombo y platillo una reforma que vendieron como el principio del fin de la corrupción, pero que en el fondo es una institución sin los colmillos suficientes para hacerlo en los hechos. (Vía: La Jornada)

Pero, hay un factor externo que obligará a las autoridades mexicanas a consolidar cuanto antes el SNA, ya que uno de los puntos propuestos por Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) tiene que ver con el combate a la corrupción.

Específicamente se impulsará criminalizar estos actos en los tres países con el fin de castigar de manera expedita a empresas y funcionarios que incurran en actos de corrupción, de hecho, se busca implementar una ley parecida a la que opera en Estados Unidos en donde de comprobarse un acto de corrupción, se inhabilita inmediatamente a los involucrados y se les restringe cualquier actividad comercial. (Vía: El Universal)

De aprobarse este punto en las renegociaciones del TLCAN, México tendrá que impulsar cuanto antes la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción y hacerlo un sistema confiable que tenga credibilidad y opere bajo estándares internacionales. No cae mal que se añada presión internacional a la que ya existe al interior del país, eso obligará a los distintos poderes y niveles de gobierno a tomarse en serio este problema, que junto con el de la inseguridad, es el que más está afectando a nuestro país.

 

 

 

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