El excandidato a la presidencia de México Ricardo Anaya cree que la contratación de alrededor de 500 médicos cubanos que, de acuerdo con el Gobierno cubrirán la falta de atención médica en las zonas más pobres del país, es una “trampa”.
En su más reciente video contra las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador el antiguo candidato de la derecha en México describió como un “engaño” y una “trampa” la iniciativa de la 4T de contratar médicos de Cuba.
Según AMLO, la decisión se tomó porque “no tenemos lo médicos que necesitamos en el país”, pero de acuerdo con Anaya se trata de un “ingenioso” pero presunto esquema para financiar la dictadura de Cuba, a través de un acto de “esclavitud moderna”.
“¿Ya te diste cuenta de la trampa con la que el gobierno está usando el dinero de tus impuestos para financiar una dictadura, un gobierno represor de otro país?”, dice Anaya en su nuevo video.
Sin revelar sus fuentes, Anaya afirma que cada uno de los médicos que llegarán a México tendrá un sueldo de 140 mil pesos mensuales… que no se les pagará a los doctores, como dice el panista. “Ese dinero, que sale de tus impuestos, se lo pagan directamente al gobierno cubano”, asegura.
“A los médicos cubanos los traen amenazados, y sus familias se tienen que quedar allá en Cuba como rehenes para que no se puedan escapar”, señala, mientras muestra imágenes de familias cubanas que han sido retomadas del movimiento No somos desertores, somos cubanos libres.
¿Estás de acuerdo en que AMLO pague $140,000 al mes por cada médico cubano, cuando los nuestros ganan $20,000 y hay 50,000 sin trabajo?
— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 16, 2022
¿Estás de acuerdo en meter a México en un conflicto con Estados Unidos para apoyar a tres dictadores: Maduro, Díaz-Canel y Ortega?
¡Yo tampoco! pic.twitter.com/idW2Y2f0ys
En realidad Anaya basó su video y sus acusaciones contra el Gobierno en un informe presentado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que las ONG Prisoners Defenders, Civil Rights Defenders y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) señalaron en 2020 que las misiones de internacionalización cubanas son un mecanismo del Gobierno en La Habana que viola los derechos humanos de los profesionales desplazados a cambio de conseguir presuntos beneficios para el Estado.
Según el informe, una encuesta realizada en aquel momento a 894 denunciantes anónimos, el 75 por ciento afirmó que no fue voluntariamente a las misiones. Desde hace décadas Cuba ha llevado a cabo misiones de internacionalización y han sido enviados más de 400 mil profesionales a 164 países, pero también se habrían desplazado centenares de familias mediante la llamada ley de los ocho años, que declara como desertores a los profesionistas que abandonan su misión antes de tiempo y se les prohíbe la entrada a la país durante ese período de tiempo.
De acuerdo con las ONGs, el profesionista recibe solo un 9 o 25% del salario que recibe del país en donde se encuentra trabajando, y el resto se le queda al Gobierno, presuntamente.
En su momento el Gobierno cubano negó las acusaciones de presunta esclavitud en un escrito a las Naciones Unidas y acusó a Estados Unidos de intentar sabotear su sistema basado en el “altruismo, humanismo y solidaridad internacional”.
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