El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, en el cual detalla diferentes acercamientos a lo largo de su sexenio para generar mejores condiciones en el país. Entre estos se encuentra la legalización de las drogas.
El PND explica que el Poder Ejecutivo federal ha emprendido un cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública.
Habemus jurisprudencia, ¿y para cuando la mota legal?
Esto, puesto que, entre los gobiernos de Calderón y Peña Nieto (2006-2018), la lógica para resolver la inseguridad y la violencia delictiva fue mediante acciones de fuerza militar y policial, así como un “populismo penal” y simplemente endurecer las penas contra los delincuentes. Una lógica punitiva, pues.
“El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social”, señala el PND.
Es por eso que se busca este cambio de paradigma. El gobierno de López Obrador apunta que el país sigue sufriendo por las políticas de Calderón y Peña, las cuales señala como equivocadas. Bajo la lógica de que la violencia lleva a más violencia y tomando en cuenta los reclamos de la ciudadanía –que a estas alturas son prácticamente incontables–, ahora el Ejecutivo busca reformular el combate a las drogas.
Dado que la estrategia prohibicionista es ya “insostenible”, lo cual se ve por la violencia descontrolada y los daños a la salud, el PND señala lo siguiente:
“La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación”.
La propuesta de acabar con la prohibición de las drogas actualmente ilícitas nace de observar que en la mayoría de los países donde se aplica la misma política no se acaba con el consumo de estas. “Peor aún”, se criminaliza a los consumidores y se cierran puertas a reinserción y rehabilitación.
Justamente, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante el tiempo que lleva el sexenio de López Obrador se ha registrado un pico de violencia, pues han asesinado a 8 mil 524 mexicanos. Esta cifra representa 12% más que el número que se documentó en el mismo periodo anterior –diciembre de 2017, enero y febrero de 2018–, cuando se registraron 7 mil 565 homicidios dolosos en el país.
El documento del gobierno de AMLO no detalla a qué drogas se refiere precisamente. Si bien Olga Sánchez Cordero lleva una iniciativa para la legalización de la marihuana y ya existe jurisprudencia alrededor de su consumo, la regulación de la cocaína y otras como los opioides y sintéticos no es algo que esté todavía en muchas discusiones.
Esto, sin embargo, podría ser lo que le faltaba a las organizaciones ciudadanas que han abogado contra la guerra contra las dogas y la prohibición. Será cuestión de esperar a que los legisladores cumplan con su parte.