Alerta de género: ¿qué es, cómo debería operar y por qué no sirve?

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (mejor conocida sólo como “Alerta de género”) es un mecanismo institucional del gobierno federal que, a partir de la petición de organizaciones civiles o de gobiernos municipales o estatales, despliega frente al incremento de la violencia contra la mujer: desde la discriminación hasta el feminicidio. La Alerta señala no a un estado completo, sino a municipios con la intención de “focalizar” los esfuerzos y los recursos (económicos, policíacos y, en teoría, culturales y educativos) para disminuir y, final -y teórica-mente, frenar la violencia. (Vía: Sin Embargo)

Este mecanismo fue creado a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres A Una Vida Libre de Violencia, en 2007. Hoy, municipios de siete estados tienen activas Alertas de género: Chiapas, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Sinaloa, mientras que en 14 la Secretaría de Gobernación en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres han iniciado procedimientos para promulgarla; los diez estados “libres”, no están, en realidad, libres de violencia de género o de feminicidios, sino que o las peticiones de alertas no han cumplido ciertos requerimientos o las mismas autoridades “maquillan” cifras para hacer pasar feminicidios como homicidios (lo que que reduce sus estadísticas y baja la atención sobre el tema localmente). (Vía: El Universal)

Con prácticamente todo el país en alerta de género, y con programas y presupuesto corriendo hacia los gobiernos estatales para frenar la violencia contra la mujer, ésta no disminuye, no se frena y, según el mismo Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), incluso se ha incrementado justamente en los estados “alertados”: Estado de México, Morelos y Sinaloa, en especial. El fracaso de un programa como este no debería de significar su cancelación, sino la revisión profunda de sus mecanismos jurídicos y, también, teóricos para entender la responsabilidad del Estado en los feminicidios. (Vía: INEGI)

Mecanismos burocráticos como la Alerta de género, a veces, atomizan los casos que enfrentan (o los municipios que cubren), pero el problema es que la violencia de género es una constante que no respeta límites municipales ni demarcaciones políticas. Cuando el mismo problema que se está buscando “solucionar” está imbricado en la forma como se relaciona en el día a día cada individuo: las relaciones de poder dentro de la familia o el acoso callejero normalizado, ¿cómo se podría encontrar las formas para solucionar esta crisis?

El feminicidio, incluso hoy, en pleno 2017, sigue siendo una categoría jurídica complicada para el aparato legal mexicano, más allá de que haya quienes no creen que el término sea “válido”, porque no hay “elementos de género” que hagan necesaria la diferenciación. En medio de una guerra que lleva diez años, no son pocas las historias de desapariciones y secuestros de mujeres, de crímenes contra mujeres migrantes o las redes de trata de personas controladas por el narco y permitidas por las autoridades. Urgen mecanismos que protejan a la población, que reconozcan los puntos débiles de su propia estructura y opere en consecuencia.

Lo que no urge, lo que no se necesita, es el aplauso y los cumplidos entre dos hombres en el poder mientras siguen muriendo mujeres por el mero hecho de serlo.

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