Alcaldes mexicanos, HRW y miembros del parlamento alemán se oponen a Ley de Seguridad Interior

Actualización 8 de diciembre: Además del INAI, además de las 250 ONGs, agrupaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales, ahora también varios alcaldes mexicanos, Human Right Watch y diputados alemanes se oponen a que el Senado apruebe la Ley de Seguridad Interior, que será discutida hasta la siguiente semana.

Cuauhtémoc Galindo, alcalde de Nogales, Sonora, y miembro de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), la versión local de la Conago, se opuso públicamente contra la LSI ya que, según sus palabras, centraliza la actuación policiaca, no mejora las instituciones de seguridad locales, viola la autonomía municipal y los derechos humanos. Sus declaraciones  se suman a las de otros alcaldes y la postura oficial de la ANAC ante la ley en el Senado. (Vía: Aristegui Noticias)

Mientras, en el plano internacional, el director adjunto de Human Rights Watch para las Américas, emitió un comunicado en el que critica la medida y rechaza la aplicación de la LSI:

“Aunque el país necesita urgentemente mejorar su respuesta ante los problemas de seguridad pública, delegar esta tarea a las Fuerzas Armadas, que tienen nefastos antecedentes de derechos humanos, no es la solución”. (Vía: HRW)

Desde Alemania, la jefa de bancada del partido de izquierda dentro del Bundestag (el parlamento alemán), Heinke Hänsel, envió una carta al Senado mexicano criticando la LSI y, también, rechazando su posible aprobación y aplicación. Si algún país sabe de los más horribles riesgos de poner en práctica la militarización de las fuerzas policiacas, definitivamente es Alemania:

“La evidencia de los últimos años demuestra que el despliegue militar no ha llevado a una reducción de violencia, sino que por el contrario ha resultado en más violaciones a derechos humanos.” (Vía: Aristegui Noticias)

¿Las bancadas del PRI, PVEM y PANAL escucharán al resto del mundo, o sólo van a aprobar algo por el puro hecho de hacerlo?

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Ya no sólo son ONGs, activistas y los partidos de oposición, ahora también el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) se sumó a las voces que exigen al Senado de la República que se discuta a profundidad la Ley de Seguridad Interior (LSI).

De acuerdo al análisis del INAI, el artículo 9 de la actual redacción de la LSI contraviene el principio de máxima publicidad, establecido en el artículo 6º constitucional, y varias disposiciones de la Ley General de Transparencia. El artículo 9º de la LSI señala que:

La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información” (Vía: Excélsior)

Es decir, toda la información que se genere (y por “toda” es TODA: enfrentamientos, inteligencia, víctimas, daños colaterales, violaciones de derechos humanos, presupuesto… De verdad TODA) será considerada secreto de Estado: ni periodistas ni ciudadanos ni ONGs tendrán derecho a solicitarla, revisarla o pedir cuentas a partir de ella.

El INAI, a través de un comunicado, informó que, aunque sí hay situaciones que ameritan que cierta información sea considerada “de Seguridad Nacional”, cada caso requiere una revisión especial y profunda, por lo que no puede ser clasificada como tal antes de saber qué es. Tampoco puede sellarse al público de forma indeterminada, como la LSI indica, sino que tiene que tener un periodo bien delimitado (5, 10, 20 años), pues de acuerdo a la Constitución, toda la información del gobierno, una vez pasada la eventualidad, es pública.

La LSI también le da la “capacidad” a las fuerzas armadas de emprender ejercicios de investigación policiaca, intervenir comunicaciones (físicas y digitales) y de realizar persecución de delitos del fuero común, lo que ha sido señalado en múltiples ocasiones por diversas ONGs y organismos internacionales como la ONU como un error del que será difícil corregir rumbo.

Según el coordinador de la bancada priísta en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, la discusión de la LSI “no se hará en fast track” (como sí lo hicieron sus copartidarios en San Lázaro, por decir) y, por lo mismo, la discusión en el Pleno y comisiones de la LSI será hasta la semana siguiente. (Vía: Reforma)

¿Tendremos otra votación acelerada sin discusión, consultas, comentarios, debates ni… nada?

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