53 cuerpos exhumados en Tetelcingo, Morelos

Tras cinco días de haber comenzado sus trabajos en fosas clandestinas de Tetelcingo, Morelos, autoridades informaron de la exhumación de 53 cuerpos no identificados.

Tras cinco días de haber comenzado sus trabajos en fosas clandestinas de Tetelcingo, Morelos, autoridades informaron de la exhumación de 53 cuerpos no identificados. En las investigaciones participan peritos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ayer, al visitar estas fosas ilegales, el diputado federal de Acción Nacional Javier Bolaños Aguilar propuso al rector de la UAEM, Alejandro Vera, presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un crimen de lesa humanidad contra trabajadores de la FGE y la administración que encabeza Graco Ramírez (vía La Jornada).

El rector de la UAEM respondió afirmativamente a la petición del diputado federal, sólo que habrá que esperar a que finalicen las diligencias de exhumación para dar debido aviso a la CIDH. La preocupación de los familiares y miembros de la sociedad civil es que estas tareas se realicen con estándares científicos y forenses, debido a que hay antecedentes de siembra de cadáveres.

En un pronunciamiento conjunto, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia resaltaron que familias de personas desaparecidas temen que no se adopten las medidas necesarias en las investigaciones y pruebas forenses y periciales (vía La Jornada).

En el comunicado, los centros defensores de derechos humanos exigieron el respeto a los familiares a las víctimas, así como reportes oportunos de todo el proceso de exhumación de cadáveres. También solicitaron protección para activistas y personal de la UAEM, que pueden ser objeto de hostigamientos y amenazas por entregarse a esta penosa labor. El gobierno del estado tiene la obligación de vigilar cada proceso de exhumación y garantizar la seguridad de las personas involucradas en las búsquedas.