Ligia Ceballos y su historia de desaparición forzada

Desaparición

El día de hoy en una conferencia de prensa, las oficinas de Amnistía Internacional de España y México presentaron de manera conjunta el seguimiento del caso de Ligia Ceballos, quien fue víctima de desaparición forzada durante el franquismo, específicamente dentro de la política de “bebés robados” operada en esos tiempos por la dictadura en contubernio con las altas esferas de la iglesia católica, institución que no solo fue muy cercana al gobierno de Franco en términos políticos, sino que fue cómplice en muchos de los crímenes perpetrados por este. Respecto a este caso, las organizaciones señalaron, junto con Ceballos, que el día de ayer fue presentada una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) con la finalidad de que se abra una investigación que aclare los hechos y establezca si se trata de una desaparición forzada, y si esto es así se restablezca la identidad de Ligia Cevallos y se le apoye para recuperar el vínculo con su familia biológica.

De primera mano podría pensarse en el sentido o la importancia que tiene este caso, ya que se trata de algo que ocurrió hace más de 40 años en un país extranjero en un régimen ya extinto, además de que los responsables en su mayoría ya han fallecido. No, sin duda este es un caso relevante no solo porque Ligia es una ciudadana mexicana nacida en España, sino porque a niveles jurídicos este caso podría sentar las bases, en términos de jurisprudencia, para establecer mayores vínculos entre el derecho internacional y el derecho mexicano en términos operativos, lo cual lograría impulsar de cierta manera que la justicia mexicana cada vez se apegue más a las normas internacionales relacionadas a los derechos humanos, tanto en términos de su prevención y promoción, como en la obligación que tienen las autoridades en el sentido de abrir investigaciones judiciales ante cualquier presunta violación.

Como habíamos mencionado, este caso se encuentra enmarcado en el contexto socio-histórico y socio-político de la España franquista que fue una dictadura militar de corte fascista que duró cerca de 40 años, desde 1936 hasta bien entrados los años 70. Durante ese periodo, la dictadura implementó políticas sistemáticas de “robo de bebés” a padres republicanos, es decir, impulsó la separación forzosa de familias como una política de estado, ya que de manera premeditada y sistematizada separaron a miles de bebés y niños de padres republicanos bajo el argumento de que no serían buenos padres para esos menores debido a sus filiaciones ideológico-políticas.

Según cifras no oficiales, el régimen franquista separó a unos 32 mil niños de su familia y los puso en adopción a familias tanto en el interior de España, como en todo el mundo, sobre todo en países de América Latina, la cifra es estimada debido a que el gobierno español se ha negado a investigar estos casos hasta nuestros días debido a que no se han derogado las leyes de impunidad que prohiben investigar los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados durante ese periodo. En estas políticas de desaparición forzada, la arquidiócesis de España tuvo mucha responsabilidad, ya que fue la institución encargada de de operar las adopciones de los bebés robados por el gobierno de Franco, a través del contacto con arzobispados de todo el mundo, incluidos los de México, sobre todo con la arquidiócesis de Mérida, Yucatán. 

Los métodos seguidos por las autoridades del régimen falangista de Franco eran simples, al momento de que un bebé nacía y sus padres eran identificados como simpatizantes republicanos, las autoridades retenían al menor, lo ponían en una incubadora para después ser entregado a un orfanato administrado por la iglesia católica, quienes se encargaban de llevar el prohijamiento a otras familias, quienes le daban otro nombre y sus apellidos. Administrativamente el gobierno español emitía un certificado de defunción de los bebés robados con el fin de no dejar rastros, de eliminar los vínculos con sus familias biológicas y sobre todo para facilitar la suplantación de identidad de los niños.

El caso particular de Ligia Ceballos apunta a que fue parte de esta política oficial de robo de bebés y por tanto es una presunta víctima del crimen de desaparición forzada, decimos que es presunta porque justamente las investigaciones judiciales iniciadas en la PGR son las que determinarán si en efecto fue víctima de ese delito. Fue en 2002 cuando Ligia se enteró que fue adoptada en España por sus padres mexicanos, ahí comenzó su lucha por esclarecer su verdadera identidad; la versión de sus padres es que la adopción fue mediada por la arquidiócesis de Mérida Yucatán quien que era el contacto directo con la arquidiócesis de Madrid, ya en España, las autoridades eclesiásticas entregaron a la niña y pidieron a sus nuevos padres que desaparecieran todos los documentos que la vincularan con su verdadera nacionalidad y con su viejo nombre que era María Diana Ortiz Ramírez.

Gracias a que sus padres recordaron ese nombre Ligia pudo iniciar la búsqueda de su identidad robada, eso le permitió acceder a los archivos del ayuntamiento de Madrid en donde encontró su verdadero certificado de nacimiento y su fe de bautismo, ambas registradas con su viejo nombre. Ligia Ceballos señaló que el problema es que esos documentos no arrojan nuevas pistas sobre su familia biológica ya que son demasiado ambiguos, debido a que el nombre de sus padres naturales aparecen con un solo apellido, no hay información del hospital en donde nació, no hay direcciones de los padres o de los testigos que estuvieron durante el registro, además a pesar de que su ADN se encuentra en las bases de datos de ese país, no han habido correspondencias con alguna otra persona del registro.

Todos estos problemas aunados a la poca colaboración de todos los niveles de gobierno y todos los poderes del estado español dificultan el esclarecimiento de este y muchos otros casos situados en ese periodo histórico. Esa especie de negacionismo, casi patológico, de las autoridades españolas respecto al periodo franquista, ha desembocado en políticas de impunidad y amnistía hacia los crímenes  de guerra y de lesa humanidad llevados a cabo por funcionarios y simpatizantes del régimen falangista; prueba de ello es que en ese país no se ha instaurado ninguna “Comisión de la Verdad” relacionada a ese periodo, a pesar que en distintas partes del mundo se han instaurado más de 40 comisiones relacionadas a aclarar y a hacer justicia sobre periodos oscuros de la historia; además, de los 30 mil casos registrados por organizaciones de la sociedad civil española asociados al “robo de bebés, los 2083 han sido tomados por la fiscalía española para ser investigados, pero ninguno de ellos ha llegado a juicio.

Si las autoridades judiciales mexicanas llevaran a juicio este caso, sería el segundo en el mundo relacionado a este problema particular de desapariciones forzadas en España, ya que en Argentina una juez encontró culpable a un ginecólogo español responsable de “robo de niños” durante esta política del franquismo, el problema es que esta persona ha sido protegida por el gobierno español y no ha sido entregada a las autoridades de Argentina, así que esta persona se encuentra libre aunque se haya probado su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Este segundo caso metería más presión al gobierno español para que abra las investigaciones correspondientes sobre estos casos y muchos otros relacionados a la dictadura.

Aclarar este asunto no solo representa una forma de hacer justicia para las víctimas, sino que también nos permite reconstruir la historia con el fin de que permanezca en la memoria de la sociedad y así evitar que se repita. Asimismo nos recuerda los asuntos pendientes que tenemos nosotros en México en materia de derechos humanos, ya que también necesitamos  reconstruir muchas historias relacionadas a crímenes como la desaparición forzada, la tortura, entre otros, en ese sentido podemos decir, que reconstruir y resolver un crimen y una historia del pasado nos puede ayudar a resolver los problemas del presente. 

 

 

Publicidad