Acusados de terrorismo hace 19 años, liberan a dos indígenas zapotecos

Tras estar 19 años en prisión en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel (ubicada en la zona oriente de la capital de Oaxaca), Álvaro Sebastián Ramírez y Abraham García Ramírez, salieron libres la noche del viernes pasado. Los dos indígenas zapotecos fueron acusados por el Estado por pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Álvaro Sebastián, fue profesor de la Sección 22 del SNTE y el Estado mexicano lo identificó como el “Comandante Teacher”. Fue condenado a 27 años de cárcel, 26 por homicidio y uno más por tentativa de homicidio. Abraham García se le acusó de presuntamente participar en el ataque del EPR contra las instalaciones de la Armada de México y de la Policía Judicial Federal, el 28 de agosto de 1996, en La Crucecita, Santa María Huatulco. (Vía: Proceso)

Álvaro Sebastián Ramírez

Abraham García fue sentenciado a 30 años de prisión por homicidio y tentativa de homicidio y otros delitos más imputados en la acusación inicial del Ministerio Público Federal, entre ellos conspiración, terrorismo, privación ilegal de la libertad, robo, robo de uso y lesiones calificadas.

Los llamados presos Loxichas tuvieron el beneficio de la preliberación concedida por un juzgado federal, al cumplir las dos terceras partes de su sentencia. Pero aún tendrán que presentarse al juzgado correspondiente a firmar como una medida cautelar y como una condición de su preliberación. Al salir de la Penitenciaria fueron recibidos por sus familiares entre júbilo, lágrimas y abrazos.

Abraham García Ramírez

 

¿Qué pasó el 28 de agosto de 1996, en La Crucecita?

El 28 de agosto de 1996, integrantes del EPR irrumpieron en la base naval, así como en las instalaciones militares y de las policías estatal y municipal en Bahías de Huatulco, Tlaxiaco y la capital de Oaxaca. El enfrentamiento dejó 16 personas muertas. El ataque, según el grupo insurgente, fue en respuesta a la creciente militarización, las masacres, detenciones injustas y arbitrarias por parte del Estado. (Vía: Proceso)

A partir de este suceso, se incrementaron los enfrentamientos entre el EPR y cuerpos de seguridad, desafortunadamente los que quedaron en medio, fueron los pobladores de Loxicha, municipio zapoteco de la Sierra Sur y con alto índice de marginación. Los pobladores fueron los más afectados pues el Estado, con el pretexto de acabar con el grupo guerrillero, detuvo a decenas de indígenas de manera arbitraria por presunta pertenencia al grupo armado y participación en los ataques.

Entre 1996 y 1997, 152 habitantes de San Agustín Loxicha, varios de ellos monolingües y algunos profesores de la Sección 22 del SNTE, fueron detenidos y procesados tanto en el fuero federal como común por los delitos de homicidio calificado, conspiración, terrorismo, privación ilegal de la libertad, robo, robo de uso y lesiones calificadas, entre otros. (Vía: Publimar)

Presos y liberados

Zacarías Pascual García López, sigue detenido por los mismos delitos imputados a Abraham y Álvaro. Pascual está condenado a 24 años de prisión en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Mengolí, Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la región Sierra Sur.

Por otro lado, el 18 de febrero de este año, Justino Hernández José consiguió su preliberación tras 20 años de prisión por los delitos de conspiración, homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

En diciembre del año pasado también consiguieron su preliberación Agustín Luna Valencia y Fortino Enríquez Hernández, después de 20 años de permanecer en prisión. Recalcaron que su detención, junto con la de otras 152 personas, fue injusta, pues ellos no formaron parte de la guerrilla en el estado. (Vía: Excelsior)

Existen miles de casos de detenciones arbitrarias por parte del Estado dentro de comunidades indígenas, desde las detenciones, los juicios y los procesos, se atropellan sus derechos humanos, los llevan a la fuerza de manera injusta y en la mayoría de los casos no les permiten tener traductores y desafortunadamente pasan muchos años para que obtengan justicia y por si fuera poco el Estado prefiere pedir disculpas que frenar los abusos.

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