Por ley, el INE y el TEPJF tendrían que anular la elección en Coahuila

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El uso político de la justicia es una de las causas por las que en México es tan endeble el estado de derecho. Esta práctica, generalizada en el sistema judicial y político mexicano, consiste en una aplicación parcial de la justicia basada en cálculos e interpretaciones políticas, dicho de forma coloquial: las autoridades no aplican la ley a rajatabla, sino que lo hacen de forma parcial basándose en interpretaciones y tecnicismos jurídicos que no son más que demagogia.

Las autoridades electorales no son la excepción, ya que hemos visto que instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) toman determinaciones distintas ante un mismo hecho cometido por actores diferentes, por ejemplo, ante delitos relacionados a actos anticipados de campaña o más recientemente respecto a la fiscalización de recursos.

Este tipo de interpretaciones parciales se están llevando a cabo respecto a la posible nulidad del proceso electoral del estado de Coahuila. A pesar de que la ley es muy clara y señala que una de las causales para la anulación de una elección es que el candidato ganador haya rebasado en más del 5% el tope de campaña, las autoridades del INE siguen deliberando si va a proceder la anulación de las elecciones pesar de que las evidencias son claras: tanto Riquelme como Anaya rebasaron los topes de campaña en un margen superior al establecido por la ley.

Es decir, el órgano de fiscalización del INE ya estableció que tanto el candidato del PRI, Miguel Riquelme, así como el del PAN, Guillermo Anaya, rebasaron sus topes de campaña en un 8 y un 5% respectivamente. De confirmarse esto por el TEPJF tendría que anularse la elección por ley, sin embargo el INE solo dice que de ratificarse “solo se pondría sobre la mesa esta posibilidad” ¿interpretación política de la ley?

De hecho, el INE ya había hecho una considerable reducción en la fiscalización original, redujo un 23% el rebase de Riquelme y un 21% al de Anaya,  y ni así los candidatos pudieron acreditar los requisitos de comprobación de gastos. Además el INE, inéditamente, dejó abierta la fiscalización de ingresos y gastos de partidos y candidatos en las campañas, debido a que se abrió un procedimiento de oficio para determinar si hubieron o no pagos a representantes de casilla.

Esta apertura en la fiscalización le da un plazo de 24 horas a los partidos para entregar documentación adicional de fiscalización. Cuando estén establecidos los montos finales de la fiscalización, el INE tendrá que informarlos al TEPJF, en este caso que los rebases de gastos de los dos competidores punteros en Coahuila fueron del 5 y el 8%.

Este caso en particular dividió en dos a los consejeros del INE, ya que estaban los que promovían reducir la fiscalización y los que no querían mover los resultados originales. Al final ganó la reducción pero el resultado fue el mismo, aunque con menor margen de diferencia respecto al límite establecido por la ley.

En ese sentido, de aplicarse la ley al pie de la letra, el TEPJF tendría que ratificar la nulidad de la elección. Seguir en la sintonía de interpretaciones de la ley solo generará incertidumbre ya que se proyectará parcialidad y por tanto poca credibilidad de las ya bastante dañadas instituciones electorales. (Vía: El Universal)

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