Es bien sabido que el crimen organizado siempre ha buscado controlar las aduanas mexicanas por una razón muy simple: tener en su poder las aduanas les facilitaría el flujo de distintos tipos de mercancías ilegales que van desde productos pirata y “automóviles chocolate” hasta embarques de armas y droga.
Tampoco es nuevo escuchar sobre agentes y funcionarios aduanales corruptos, ligados a distintos grupos del crimen organizado. Es decir las aduanas mexicanas han sido espacios donde la corrupción ha florecido y se ha sedimentado de manera muy profunda, pensemos solo en toda la mercancía pirata que se vende por todo el mercado nacional, esta no circularía en esos volúmenes si tuviéramos un sistema de aduanas confiable y eficiente.
Pero vayamos al tema específico, ya que resulta que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acaba de desmantelar una red de corrupción que operaba en el sistema de aduanas mexicano y que involucraba a agentes aduanales, funcionarios de alto nivel y legisladores locales.
Este grupo de funcionarios corruptos era encabezado por Marcoflavio Rigada Soto, quien fungía como administrador central de Apoyo Jurídico de Aduanas. Este personaje fue destituido de su cargo ya que se le acusa de colaborar con importadores ilegales de autos “chocolate”, de facilitar la importación de mercancías ilegales y de traficar patentes para agentes aduanales.
El SAT señaló que investigaba a Rigada Soto desde 2014, así como a agentes aduanales, legisladores priistas y jueces, es decir, a toda una red de corrupción y tráfico de influencias. Los políticos implicados en esta red de corrupción son: el diputado priista de Mexicali Enrique Acosta Fregoso; Hiram Rojas Hernández, quien es ex director de enlace legislativo de la Comisión Especial de Aduanas de la Cámara de Diputados; el diputado del Edomex, Héctor Pedroza Jiménez y, el militante de Movimiento Ciudadano y ex priista, Elí Topete Robles.
Las investigaciones realizadas por el SAT señalan que Rigada Soto recibió hasta 3 millones de dólares de agentes aduanales para que facilitara la entrada de mercancías ilegales al país. Asimismo, otorgó patentes aduanales a cambio de sobornos millonarios.
Por ejemplo, otorgó la patente número 1656 con sede en San Luis Río Colorado, Sonora a Roberto Ruiz Armas, quien es señalado como el principal importador de autos “chocolate” de la región. Este personaje importó autos a través de las empresas Auto Buyline Systems Inc. y Cox Automotive, además de que cambió fracciones arancelarias para ingresar mercancías ilegales, las cuales las hacía pasar como importaciones de vegetales.
Según información del SAT, los funcionarios aduanales implicados ya fueron destituidos y serán procesados conforme a la ley, lo que no se informa es si los legisladores implicados serán sujetos a desafuero para ser sujetos al proceso correspondiente ¿Esta red de corrupción será una de tantas que operan en las aduanas del país?(Vía: Reforma)