El gobierno de CDMX está más concentrado en proyectar una imagen de una ciudad cosmopolita, a la altura de cualquier metrópoli desarrollada del mundo, que en resolver los problemas de orden estructural que aquejan a la entidad desde hace décadas. Propagandísticamente la ciudad se presenta como un espacio progresista y de vanguardia, lugar donde reina la tolerancia y la apertura, pero esto no es otra cosa que una bonita escenografía que oculta una total inoperancia institucional en cuestiones que deberían de ser fundamentales.
La nueva constitución no es otra cosa que el reflejo de esa actitud irresponsable e hipócrita, hasta el momento han generado un documento que, más que ser un ordenamiento jurídico, es un programa político. Es un compendio de visiones utópicas sobre lo social que desembocan en una serie de ordenamientos inoperantes e irrealizables que son producto de la imaginación y las fantasías utópicas de una serie de “notables” y funcionarios, quienes cegados por una especie de progresismo posmoderno han dado primacía a los llamados derechos de tercera generación que a cuestiones estructurales de primer orden que doten a la ciudad de un marco de desarrollo económico, político y social.
Es absurdo pensar que todos esos derechos se cumplirán dentro de un marco institucional tan endeble como el que tenemos actualmente, solo podemos pensar que resultarán en letra muerta. Es imposible que ese catálogo de derechos se pueda cumplir si antes no existe, en primer lugar un proyecto que permita y garantice el desarrollo y el crecimiento económico en donde parte de la riqueza generada llegue a las arcas del gobierno mediante una eficiente recaudación fiscal. Pero, ¿cómo se va a llevar a cabo si de entrada la constitución no garantiza el derecho humano fundamental a la propiedad privada? Parece ser que lo que buscan entonces es promover el gasto público irresponsable que invariablemente resultará en un endeudamiento de la ciudad y por tanto en una crisis económica local.
En segundo lugar, no existe tampoco un marco que de entrada garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es bien sabida la inoperancia de nuestras policías y de los Ministerios Públicos, gran parte de los delitos cometidos en la ciudad no tienen seguimiento y por tanto no son resueltos. Las causas de ello son múltiples y van desde la corrupción y la colusión de las autoridades con los criminales, hasta la falta de presupuesto hacia las instituciones de seguridad, es decir, las autoridades tampoco cuentan con el mínimo de condiciones para llevar a cabo su trabajo de manera adecuada.
Ante esta situación surge una pregunta obvia: ¿cómo es posible que en la ciudad busquen garantizar derechos de tercera generación si son incapaces de hacer cumplir los derechos más fundamentales? La respuesta es la rentabilidad política que tiene promover ese tipo de derechos frente a gran parte del electorado que, desde el sentido común, piensa que es primordial garantizar el derecho al internet y a la plenitud sexual (lo que sea que eso signifique) frente a derechos fundamentales como la propiedad privada y la seguridad pública.
Todo esto viene a colación a raíz de un reportaje publicado en el sitio digital Animal Político, en donde policías de investigación narran todo lo que sucede en los Ministerios Públicos de CDMX. Ahí se pone en evidencia la inoperancia y el desgaste estructural de dichas instituciones, las cuales están carcomidas tanto por la corrupción, como por la falta de presupuesto, de ahí que en nuestra progresista y cosmopolita ciudad se resuelvan solo el 20% de los crímenes denunciados ante el Ministerio Público.
En el reportaje, un policía de investigación (parte de la Procuraduría de Justicia de CDMX) narra sus problemas cotidianos, de entrada señala que en promedio cada agente recibe seis carpetas de investigación por día, esto quiere decir que recibe aproximadamente 30 casos por semana. El número de casos de entrada parece desproporcionado para un solo agente, pero eso no es todo, el funcionario apunta que por lo menos una vez a la semana la corporación los obliga a patrullar durante 12 horas, cuando esa es tarea de la Secretaría de Seguridad Pública de CDMX, además, la procuraduría les exige una cuota de por lo menos un detenido en flagrancia por mes.
El agente narra que los policías de investigación tienen un salario de entre 12 y 17 mil pesos al mes, el problema es que ellos tienen que correr con gastos que en realidad deberían correr por la corporación, como son las balas, los uniformes, la gasolina y el mantenimiento de las patrullas, los teléfonos celulares con internet y, aunque usted no lo crea, las multas de tránsito. Asimismo las jornadas laborales dependen del estado de ánimo de los mandos, pueden ser de 12 horas o más de manera consecutiva, con 12 de descanso; o de 24 horas de trabajo con 24 de descanso. (Vía: Animal Político)
Del mismo modo, apunta que las denuncias de delitos cada vez más van a la baja, debido a que son muy pocos los delitos que se resuelven, además de que se tiene la percepción de que si los jueces liberan a los presuntos criminales, estos tomarán represalias contra los ciudadanos que presentaron su denuncia. También señala que la infraestructura de muchos ministerios públicos no cuentan con lo mínimo indispensable; por ejemplo, tienen cortes de suministro de luz, pero también tienen los agentes corren con los gastos de papelería para formar los expedientes.
Todos esos discursos sobre la ciudad de vanguardia no es más que demagogia y palabrería, el gobierno de la ciudad y el constituyente deberían primero de impulsar un proyecto que dote a nuestra entidad de un sistema jurídico que garantice un funcionamiento eficiente de nuestras instituciones más fundamentales, en lugar de estar promoviendo sus fantasías populistas que sin duda resultarían contraproducentes para todos. Pero todo parece apuntar que seguiremos viviendo en una ciudad de escenografía, en la que detrás de ella solo hay laberintos de ineficiencia burocrática e institucional.