¿Qué pasó con las víctimas de #Orlando que eran indocumentadas?

“Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros.” Tal parece que, después de 70 años, la poderosa frase con la que Orwell retrató la condición humana permanece vigente. Las oportunidades laborales, las libertades individuales, los índices de educación y muchos factores más pueden constatar este hecho en prácticamente todos los casos y todos los escenarios sociales. Sin embargo hay uno que, de manera particular, resulta tan sensible como inaudito, el caso de las víctimas.

Aunque, en teoría, para ser considerado como una víctima basta con haber sufrido un daño o un perjuicio, en la realidad concreta no todas las víctimas son iguales. Las hay de primera, de segunda y hasta de tercera clase o, al menos, eso es lo que el sentido común nos advierte todos los días. La reciente matanza en un club gay de Orlando Florida, considerada como la peor en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre, ha revitalizado este tema para algunas organizaciones sociales.

Entre las 49 víctimas abatidas por los disparos de Omar Mateen sólo unas cuantas eran indocumentadas, pero el número de éstas crece si pensamos en la lista de heridos y de testigos que pudieron ser afectados psicológicamente. Hay que recordar que, además de pertenecer a la comunidad LGBTTTI, los afectados fueron mayoritariamente latinos y negros, dos características destacadas históricamente dentro de las prácticas de discriminación social en el país del norte.

Diferentes actos de apoyo se realizaron a favor de las víctimas de Orlando

Pero por si esto fuera poco, había que agregar que muchas de estas víctimas residían y residen en Estados Unidos de manera ilegal, lo que lamentablemente reduce sus derechos y, aparentemente, los coloca en un status de segunda clase respecto a los ciudadanos norteamericanos.

A propósito de esta realidad, el hermano de uno de los fallecidos declaraba a The Atlantic:

“Esto es demasiado triste porque si tú eres indocumentado y mueres en este país, no tienes los mismos derechos que nosotros para volver a casa…”

Entre las secuelas de las masacre, las familias de algunas víctimas siguen viéndose afectadas por las restricciones legales que el país impone a los indocumentados. Las onerosas cuentas por atención física o psicológica; los altos cargos económicos y las complicaciones administrativas que se requieren para recuperar y repatriar los cuerpos de —aproximadamente 6000 dólares— son, en la mayoría de los casos, demasiado pesadas para los posibilidades de los familiares y amigos. Y aún cuando algunos son capaces de solventar el problema económico, no cuentan con el permiso legal para entrar a Norteamérica.

Por el momento, al menos 18 organizaciones legales han unido esfuerzos para apoyar gratuitamente a los familiares que necesitan ingresar al país para acompañar o sepultar a sus víctimas, ya sea para agilizar la obtención de visas o para brindarles la asesoría administrativa necesaria. Asimismo, a través de distintas líneas telefónicas, recaudaciones económicas y recursos web, como el sitio #SomosOrlando, distintas instituciones y organizaciones han mostrado su solidaridad para asistir a deudos y familiares que buscan respuesta desde México, Honduras, Venezuela y el Salvador.

Lo cierto es que, aunque pueda sonar a cliché, en medio de un clima de incertidumbre y desolación, algunas de las víctimas continúan siendo victimizadas. Ni siquiera luego de haber compartido el episodio de terror y resultar tan lesionado psicológicamente como cualquier humano en su caso lo estaría, las víctimas pueden ser medidas con la misma vara.

A pesar de que la igualdad ante la ley y el derecho a la seguridad personal son contemplados como garantías fundamentales dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR), la discriminación que toma como criterio básico a la ciudadanía es una práctica común en los Estados Unidos, sin importar que su propia Constitución se establezca la obligación de proteger a todas las personas que vivan en el país.

Frecuentemente, derechos sociales básicos —plasmados en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966— como el derecho a la asistencia sanitaria, a la ayuda jurídica y a la integridad física y moral 2 , son negados apelando al status administrativo de los inmigrantes indocumentados. En buena parte, estas violaciones encuentran como causa principal el rechazo a los costos económicos que el resarcimiento de los daños y la atención a cualquier víctima implican, costos que tendrían que ser cubiertos por los ciudadanos del país en cuestión.

Para tener una idea más clara de la situación—según datos del 2015 obtenidos por the Kaiser Family Foundation y publicados en Think Progress—, tan sólo en el estado de Florida alrededor de 2.8 millones de personas menores de 65 años no cuentan con seguro médico y aproximadamente 384 mil de esas personas son inmigrantes indocumentados. Pero Florida es sólo una muestra de la realidad que se reproduce en distintos estados.

En resumen, se trata de sortear una serie de obstáculos y un largo proceso que los afectados de la masacre en Orlando difícilmente podrían resistir.

Al final del día, es innegable que el debate sobre los derechos de las víctimas indocumentadas ha puesto bajo la lupa uno de los temas más sensibles en los albores de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde el tema migratorio ha sido uno de los más comentados. Claramente podemos advertir que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros y que las víctimas no son la excepción, pues las fronteras tienen el poder de imponerse más allá de la tragedia humana.