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En Tucumán, Argentina, se le practicó una cesárea a una niña de 11 años que había sido violada. A pesar de que ella y su madre habían solicitado la interrupción del embarazo a la que víctimas de violación tienen derecho en ese país, el Gobierno presionó para que la niña llevara el embarazo a término, por cuyas complicaciones estuvo a punto de morir.

De acuerdo con el diario Página 12, la niña había expresado su deseo de no continuar con el embarazo desde que tenía 16 semanas, cuando llegó al hospital por dolores de estómago. Y aunque ella tenía derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo en menos de 48 horas, el Gobierno provincial habría hecho todo lo posible por posponer el procedimiento, hasta que se le practicó una cesárea a las 23 semanas.

La niña, que fue violada por la pareja de su abuela, tuvo un bebé que pesó 600 gramos. De acuerdo con El País, las posibilidades de supervivencia del menor son mínimas.

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De acuerdo con las declaraciones de la ginecóloga Cecilia Ousset en entrevista con Todo Noticias, la niña no pesaba más de 50 kilos, contrario a lo que había señalado el secretario de Sipriosa, Gustavo Vigliocco. La doctora y su esposo debieron practicarle una cesárea de emergencia debido a la preeclampsia, que ponía su vida en riesgo:

“Cuando llegamos a la habitación nos encontramos con una nena con un cuerpo infantil, no desarrollado como pensábamos, como se nos había dicho. Con un embarazo de 23 semanas, teniendo en cuenta que la paciente ingresó al sistema público de salud a las 16 semanas. Ingresamos, vemos una nena jugando con unas sillitas de plástico sobre la mesita que se pone para comer. Realmente a mí esa visión me aflojó las piernas porque era impresionante”.

La doctora señaló que debieron dormir a la niña para sacarle la ropa interior, pues se resistía a que se la quitaran: una característica de los niños y niñas que han sufrido abuso sexual. Antes de la operación, el personal médico que asistiría en la cesárea se negó a colaborar:

“Cuando llegamos al quirófano se declaran objetores de conciencia tanto el anestesista como la instrumentadora, la enfermera. O sea estábamos solos y ya le habíamos dicho a la nena que se le solucionaba el problema, cuando la nena había dicho ya en la Cámara Gessell por fuentes judiciales: ‘Quiero que me saquen lo que el viejo me metió’. Nosotros no podíamos dar marcha atrás”.

 

 

Después de realizar la cesárea, la doctora Cecilia Ousset señaló que había un oficial del Ministerio Público Oficial esperándola para tomar sus datos y declaración de lo que acababan de hacer. Además, denunció que la niña no había recibido ningún tipo de asistencia psicológica sino hasta hace dos días.

Flor Vallino, abogada de la organización ANDHES, señaló que además de ser vulnerada por el hombre que la violó, la niña fue vulnerada por el Estado que no garantizó su derecho a una interrupción segura del embarazo:

“Señalamos la responsabilidad del sistema, porque vulneró todos los derechos de la niña. Ella ingresó el 29 de enero y no debería haber habido ninguna duda en la aplicación de la ILE. No queremos que esto vuelva a suceder, que se torture de esa manera a otra niña en Tucumán”, dijo a El País.