Las dos caras de Justin Trudeau y el gobierno canadiense

Sin duda Canadá y su carismático Primer Ministro, Justin Trudeau han generado, ante la opinión pública internacional, una imagen asociada a valores progresistas, liberales, multiculturales, humanitarios e incluso ambientalistas. Esto por supuesto tiene cierta justificación, ya que Canadá es una de las naciones más prósperas del mundo económicamente hablando, su población tiene garantizados derechos individuales y culturales y, tiene políticas de protección al medio ambiente.

La imagen relacionada a esos valores solo representa una cara de Canadá y de su gobierno, la cual, en realidad, se limita a la operatividad interna de ese país y a las proyecciones que quieren dar ante la opinión pública internacional.  Sin embargo también hay que hablar de la otra cara de Canadá, la cual es diametralmente distinta y hasta podríamos decir, contradictoria.

Nos referimos específicamente a las formas en que sus compañías multinacionales operan en distintas regiones del mundo bajo el auspicio de su gobierno y, por supuesto, de los gobiernos locales de cada región. Es decir, el gobierno canadiense se jacta de ser estricto con sus políticas de conservación y protección del medio ambiente, de respetar la forma de vida  de sus pueblos originarios y de hacer cumplir de manera irrestricta la ley, pero, permite que sus empresas desplacen poblaciones, se corrompan con gobiernos locales y contaminen el medio ambiente.

Se podría argumentar que en realidad ese problema es de los gobiernos de los países en donde se instalan estas empresas, los cuales no son capaces de regular a esas compañías por la corrupción y la debilidad del estado de derecho. Pues bien, dicho argumento es verdadero, pero no observa el problema de manera compleja, ya que el gobierno canadiense, de hecho,  podría regular las prácticas que llevan sus empresas en el extranjero en función de los valores de responsabilidad social y ambiental que de hecho promueve y dice defender.

De hecho, se trata de algo muy concreto y tiene que ver con el hecho de que Canadá, a diferencia de otros países desarrollados, no tiene una ley que sancione las prácticas comerciales de sus compañías en el extranjero, es decir, no hay sanción alguna, si, por ejemplo, sus mineras causan un desastre ecológico en México, como ha sucedido. Este tipo de legislación (propuesta C300) estuvo apunto de ser aprobada en Canadá, pero fue frenada por los conservadores en el gobierno de Harper. (Vía: The Globe and Mail)

Dicha propuesta buscaba sancionar legalmente a compañías que incurrieran en actos ilegales en otros países. El ahora Primer Ministro Trudeau impulsó dicha reforma y cuando hizo campaña prometió sacarla de la congeladora, cosa que hasta el momento no ha sucedido, a pesar de que ha recibido recomendaciones de organismos internacionales; por ejemplo, el año pasado recibió una carta firmada por más de 180 organizaciones de todo el mundo que denuncian las prácticas de las compañías mineras canadienses. Hay que recordar que solo la industria minera aporta entre el 3 y el 3.5% del PIB de esa nación y el 65% de sus activos se encuentran fuera de su territorio. (Vía: The New York Times)

En ese sentido, resulta contradictorio que el gobierno canadiense pregone una imagen progresista relacionada a la defensa y protección del medio ambiente y de los derechos humanos y culturales, pero que todo eso no sea impulsado de manera integral. Lo que tenemos, por tanto, es un doble discurso, el cual debemos observar de manera cuidadosa, ya que es muy fácil caer en la propaganda que solo muestra una cara de la moneda.