Hombre con discapacidad fue ejecutado en Misuri a pesar de que el Papa Francisco había pedido clemencia por él
El Papa Francisco aseguró el hombre tenía discapacidad intelectual, por tanto, su condena le parecía extrema
En Misuri, Estados Unidos, las autoridades ordenaron la ejecución de un hombre que asesinó a tres personas durante un asalto. Tanto activistas como el Papa Francisco habían pedido clemencia por el hombre, pues éste padecía una discapacidad intelectual.
Ernest Lee Johnson fue ejecutado el martes en la prisión de Bonne Terre. Según los medios de comunicación, emplearon una inyección letal en sus venas. Este hombre había sido condenado por haber asesinado a tres personas durante el asalto a una tienda que fue ejecutado en 1994. Tanto políticos y activistas como el Papa Francisco habrían pedido clemencia para el hombre. Argumentaban que el hombre tenía una discapacidad intelectual, por ello, era injusto que recibiera la pena de muerte.
El hombre fue ejecutado el martes. (Imagen: Cuartoscuro)
Recordemos que a finales de septiembre el Papa Francisco pidió al gobernador de Misuri, Mike Parson, que le concediera el perdón a Johnson. A esta petición se sumaron los congresistas Cori Bush y Emanuel Cleaver II. No obstante, el Tribunal Supremo rechazó la petición durante la primera hora del martes. Consecuentemente, la ejecución fue llevada a cabo. El arzobispo Christophe Pierre dijo e una carta que el Santo Padre había fundamentado su petición en la dudosa capacidad intelectual de Ernest Lee Johnson.
“¿Quién podría segurar qué crímenes tan graves requieren castigos severos”, exclamaron las autoridades eclesiásticas.
Incluso el hombre escribió una carta en la que expresaba su remordimiento por los asesinatos que había cometido.
“Lo siento mucho y tengo remordimiento por lo que hice. Quiero decir que amo a mi familia y a mis amigos. Estoy agradecido por todo lo que hizo mi abogado por mí. Ellos me hicieron sentir amado como si fuera su familia”, dijo el condenado a muerte.
Recordemos que en 2002 el Supremo de Estados Unidos determinó que la ejecución de una persona con discapacidad intelectual consistía una violación de la Octava Enmienda de los castigos crueles o inusuales.
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