Entre México y Estados Unidos, un acuerdo migratorio “sensato” ha sido un diálogo imposible. Una reforma que permita a los mexicanos (y, también, a los millones de centroamericanos, caribeños y, en general, latinoamericanos) laborar en el país ha chocado constantemente con las “preocupaciones por la seguridad” de los Estados Unidos. En discusión desde el 2010 y aprobada hasta el término del primer periodo de Obama, la orden ejecutiva Acción Diferida para el Arribo Infantil (DACA, por sus siglas en inglés), permitió que millones de “DREAMers” pudieran estudiar y trabajar sin miedo a ser deportados. (Vía: LA Times)
DACA, o la “Dream Act” otorgaba un permiso especial para los migrantes que entraron ilegalmente a los Estados Unidos siendo niños. El permiso daba un espacio de dos años (que podía ampliarse a cuatro) durante los cuales podían asistir a la Universidad y trabajar con un cierto número de “privilegios”, que asemejaban a una residencia (seguridad social, beneficios fiscales…) pero no les otorgaban ciudadanía, pues técnicamente seguían siendo “inmigrantes ilegales”. (Vía: New York Times)
Los “DREAMers”, como se le ha llamado a los beneficiarios de esta orden ejecutiva, conforman un grupo con alto capital político: son el “buen migrante”, el joven que se esfuerza, trabaja y “logra lo que quiere”: el sueño americano. El proceso para obtener los privilegios de este permiso incluyen el pago de un examen de antecedentes (para comprobar que ni ha sido detenido ni que tenga nexos con pandillas o grupos delincuenciales) y constantes entrevistas y revisiones. (Vía: LA Times)
Jóvenes con un buen poder adquisitivo, bilingües e integrados en la sociedad que los ha “recibido”, el ser constantemente contrastados con sus familiares (con los migrantes que no buscan ese camino legal, pues no tienen el conocimiento del proceso o el dinero para seguirlo) ha politizado a muchos, que han podido coordinarse y convertirse, así, en un grupo de alcance nacional que ejerce presión efectiva en la toma de decisiones legislativas. (Vía: Vox)
Con la llegada de Donald Trump y su amenaza constante de deportar a los 11 millones de “ilegales”, la seguridad de los DREAMers está en riesgo. Si bien el presidente ha prometido que ellos serán de los pocos grupos que no tienen “mucho de qué preocuparse”, sus mismas declaraciones, junto con las de Sean Spicer, han remarcado que siguen siendo ilegales.
En Seattle, Wa., el 14 de febrero de este año se reportó el primer arresto y proceso de deportación de un beneficiario de DACA: Daniel Ramírez Medina, de 26 años, dormía en casa de su padre -inmigrante indocumentado de Baja California Sur- cuando la agencia migratoria entró a su casa y los procesó a los dos. Acusado de “nexos con pandillas”, su proceso sigue abierto, a pesar de que varias organizaciones de derechos civiles y defensoras de derechos de migrantes han luchado por su liberación. (Vía: LA Times)
Mientras, en México, el presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES), han decidido enfrentar la crisis migratoria, personal y profesional de los miles de DREAMers mexicanos garantizándoles que no necesitarán muchos trámites para revalidar sus estudios y asegurándoles que las universidades mexicanas tienen una amplia oferta académica. (Vía: El Financiero)
En cuanto estadísticas, en estos pocos días de la administración Trump se ha deportado un número mucho menor que en los mismos tiempo del gobierno de Obama, sin embargo, el miedo generalizado que han provocado las declaraciones del presidente, del Fiscal general Jeff Sessions y del partido republicano en general han creado un ambiente de temor constante que no se había visto, en generaciones, dentro de los Estados Unidos.
¿Unas becas y menos papeleo son respuestas al nivel de la crisis humanitaria que se aproxima?
