Caso Damazo “N”: El amparo federal que causó controversia en Nuevo León

La detención del exentrenador de gimnasia Damazo “N”, acusado de múltiples delitos de índole sexual contra menores de edad, ha generado un intenso debate jurídico sobre la aplicación de amparos en casos de violencia sexual contra menores en México y fue una noticia impactante para todos los implicados en el caso.

Los hechos del caso

Damazo “N”, exentrenador de gimnasia de 30 años de edad, fue detenido el viernes 25 de abril de 2025 en Monterrey, Nuevo León, a pesar de contar con un amparo federal que suspendía la orden de aprehensión girada en su contra. El exentrenador, quien impartía clases en el gimnasio Gym Klass en San Nicolás y formaba parte del Instituto del Deporte (INDE), acumula 16 denuncias por presunto abuso sexual contra exalumnas de gimnasia que fueron violentadas cuando eran niñas.

Las denuncias comenzaron a hacerse públicas durante el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) de 2025, cuando varias víctimas relataron haber sufrido abusos durante su minoría de edad mientras eran alumnas en la escuela de gimnasia. Las acusaciones formales incluyen los delitos de “equiparable a la violación” y “atentados al pudor”.

El 27 de marzo de 2025, el Juez Cuarto de Distrito en materia Penal en Nuevo León, José Reynoso Castillo, otorgó una suspensión definitiva a Damazo “N” en relación con una orden de aprehensión dictada el 14 de marzo de 2025, dentro de la carpeta judicial 4351/2025. Esta medida judicial impidió temporalmente su detención mientras se resolvía el juicio de amparo.

Para mantener vigente la suspensión, el juzgado federal fijó una garantía económica de 10 mil pesos. Cabe destacar que este amparo contemplaba solamente dos de las 16 denuncias presentadas contra el exentrenador.

La controversia con el artículo 19 constitucional

El amparo concedido a Damazo “N” generó una importante controversia jurídica por su aparente contradicción con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece claramente:

“El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, […]”.

El equipo jurídico que representa a las víctimas calificó la suspensión definitiva como “totalmente atípica” y violatoria de lo establecido en el artículo 19 constitucional. El abogado César Mancio, representante de dos denunciantes, argumentó que “el hecho de que se le conceda la protección de no ser detenido, de ser sujeto además de una medida cautelar contraviene al artículo 19 constitucional, el cual viene muy claro que son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.

Postura de la Fiscalía de Nuevo León

Ante esta situación, el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, declaró que Damazo “N” debería comparecer a pesar del amparo concedido. El fiscal explicó que “por la propia materia del amparo ya se está fijando fecha para una audiencia” y aclaró que “no es que no se le vaya a procesar. Ante el Juez de Control se le está citando para que comparezca”.

Flores Saldívar advirtió que si el acusado no comparecía, la fiscalía tendría la facultad de pedir una orden de aprehensión, aunque tuviera el amparo, porque “una de las obligaciones para que surta efecto la suspensión es que comparezca ante el Juez de Control”.

A pesar del amparo, Damazo “N” fue detenido el 25 de abril de 2025. Su audiencia fue reprogramada varias veces, hasta que finalmente, el 6 de mayo, fue imputado formalmente por los delitos de equiparable a la violación y atentados al pudor durante una audiencia en el Palacio de Justicia de Monterrey.

El exentrenador fue vinculado a proceso el 1 de mayo y actualmente se encuentra en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Estatal. La próxima audiencia para continuar con el proceso está programada para el 11 de mayo de 2025.

El abogado de Damazo “N”, Edwin Horacio Gracia Elizondo, calificó la detención como ilegal, argumentando que “no había necesidad de cautela” ya que el acusado “ya se había sometido voluntariamente” al proceso.

Por otro lado, familiares y amigos de las gimnastas se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Monterrey para exigir justicia por las víctimas. Las madres de las afectadas expresaron satisfacción por la imputación de Damazo “N”, pero subrayaron la importancia de considerar los testimonios de las gimnastas que continúan en situación de vulnerabilidad.

Este caso ha puesto en evidencia las tensiones que pueden surgir entre diferentes instrumentos jurídicos como el amparo y las disposiciones constitucionales sobre prisión preventiva oficiosa en casos de abuso sexual contra menores, generando un importante debate sobre la aplicación de la justicia en México.