A 41 meses de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, una comisión de padres y madres se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá, Colombia. Representantes del Estado mexicano estuvieron presentes para presentar los avances en las investigaciones que, hasta ahora, no han tenido conclusiones satisfactorias para los familiares de las víctimas.
En el 167 periodo de sesiones se abordaron los casos de Ayotzinapa y la Ley de Seguridad Interior. Mario César González Contreras, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, denunció que “para el Estado mexicano son más importantes las elecciones que ayudar a las víctimas a encontrar la verdad”.
Les importan más las elecciones que ayudar a las victimas a encontrar la verdad: Don Mario al Estado Mexicano, en la audiencia de #AyotziEnCIDH.#CIDHAudiencias pic.twitter.com/s4Jj3j4U90
— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) March 2, 2018
“¿Cómo pueden garantizarnos, ahora que su gobierno corrupto y asesino está en elecciones, no tenga la intención de cerrar el caso de los 43 normalistas?”, preguntó.
Los familiares no han recibido respuestas y, en cambio, sufren más agravios por parte del Estado: Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello, murió sin saber qué pasó con él, uno de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. “Falleció por la tortura que significa no conocer el paradero de sus hijos”, denunció Mario Ernesto Patrón Sánchez del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
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— Centro Prodh (@CentroProdh) March 2, 2018
? "¿Cuántas nuevas acusaciones en último año? Ninguna. a última es de diciembre de 2014. ¿Cuántos procesados por desaparición forzada? Ninguno" –Mario Patrón#EnVivo por https://t.co/Yf4K0GCyrN pic.twitter.com/IhkG6SQn6I
Patrón Sánchez declaró que el cronograma implementado por el propio Gobierno ante la CIDH se incumple recurrentemente.
Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa muestran su temor ante el anuncio del gobierno de México de cerrar la investigación. El @CentroProdh denuncia que el Estado pidió cancelar la audiencia de mayo dada la cercanía de las elecciones presidenciales. #CIDHAudiencias pic.twitter.com/GnznP5gjau
— Luis (@EliudTapia) March 2, 2018
Mientras tanto, el Fiscal Alfredo Higuera, encargado de la investigación del caso Ayotzinapa, dijo tener pruebas con base en la información de los teléfonos que aclaran las razones del crimen contra los 43 estudiantes. Esto a más de tres años de los hechos. Sin embargo, dijo no poder hacerlas públicas.
El gobierno mexicano tiene nuevos hallazgos sobre el paradero de los 43 normalistas gracias al seguimiento de sus teléfonos, pero no pueden ser revelados en un audiencia pública, según el fiscal. #CIDHAudiencias #Ayotzinapa pic.twitter.com/8CztBep6kB
— Fundar (@FundarMexico) March 2, 2018
De acuerdo con la versión oficial, los 43 normalistas fueron asesinados por policías corruptos y miembros del cártel Guerreros Unidos, y más tarde incinerados en un basurero en el municipio de Cocula. No obstante, investigaciones independientes desmontan la versión del Gobierno y revelan que no es “científicamente posible” la incineración de 43 cuerpos. (Vía: Sin Embargo)
En audiencia @CIDH sobre caso de desaparición de los 43 de Ayotzinapa, enfaticé que el gobierno de México tiene el compromiso de llegar a conclusiones sobre tan lamentable caso este año. Se hará justicia y castigará a todos los responsables. pic.twitter.com/Kec8PHuHzj
— Miguel Ruiz Cabañas (@miguelrcabanas) March 2, 2018
Sobre la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso de la Unión y a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Antonio Guevara de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos explicó que “militares y marinos han torturado a 389 personas, desaparecido por la fuerza a 118 y ejecutado sumariamente a 91. La Ley de Seguridad Interior es la concreción normativa de esa política“.
“Respetuosamente solicitamos a esta honorable Comisión Interamericana que haga una visita oficial a México para elaborar un informe sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas al desempeñar tareas de seguridad“, dijo Guevara. “Y segundo, dé trato prioritario a las peticiones individuales de México vinculadas a las violaciones a los derechos humanos por las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana“.
"Me temo que tienda a la criminalización de la protesta social… los estados deberían impulsar el tema de la participación social cuando se van a producir leyes", Luis Ernesto Vargas Silva sobre la #LeyDeSeguridadInterior en #CIDHAudiencias. Pide impulsar opinión consultiva. pic.twitter.com/FoUXzewuem
— Cencos (@cencos) March 2, 2018
Luis Ernesto Vargas Silva, comisionado de la CIDH, expresó la preocupación de la sociedad civil en México por que la Ley de Seguridad Interior criminalice la protesta social.
Las partes más importantes del mensaje del titular de la @CNDH en las #CIDHAudiencias, sobre la #LeyDeSeguridadInterior:#SeguridadSinGuerra pic.twitter.com/2EXdyALOeh
— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) March 2, 2018
Al respecto, representantes del Estado mexicano declararon que “la población no quiere que se vayan las fuerzas armadas, en el caso de México el problema es el crimen organizado“. Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, negó que en México exista criminalización de la protesta social.