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Berta Cáceres: a dos años de su asesinato ¿qué ha cambiado?

La noche del 3 de marzo de 2016, antes de la media noche, dos hombres armados entraron a la casa de Berta Cáceres y le dispararon tres veces en el abdomen. Una muerte que, por las heridas, fue lenta y dolorosa, exactamente como sus intenciones y su campaña para salvaguardas a las comunidades indígenas y el ecosistema hondureño de empresas transnacionales. (Vía: El País)

Su muerte constituyó un gran golpe para la defensa de la comunidad lenca, que estaba (y sigue) amenazada por la construcción de una represa para un proyecto hidroeléctrico. Durante su vida, logró que los accionistas del Banco Mundial y de Sinohydro, principales inversores, retiraran su presencia del proyecto, pero tras dos años, un caso sin resolver y nadie que dirija como ella, todo ha cambiado.

Por supuesto, no es culpa de su ausencia, porque sus compañeros y su familia siguen buscando defender lo que Berta hizo en vida, pero es evidente el clima de tensión y miedo que viven los defensores del medio ambiente y los derechos humanos en Honduras.

Según Amnistía Internacional, en el país centroamericano, se han registrado 120 asesinatos de defensores medioambientales desde 2010. Esto lo convierte en el país más peligroso en todo el mundo para quienes tengan intención de proteger la vida y el equilibrio de las zonas no urbanizadas. (Vía: Amnistía Internacional)

En el momento, mucho se habló del constante acoso que sufría Berta y su organización y de cómo esto fue lo que terminó provocando su asesinato. Sin embargo, es muy necesario resaltar que Berta simplemente no cedió y eso no termina convirtiéndola ni en mártir ni en culpable de su propio asesinato. El problema tiene un fondo más grande y aunque este sea el segundo tres de marzo que hablamos de ella, sigue sin resolverse.

En la inmediatez, el cinco de mayo del mismo 2016, se detuvieron a cuatro personas que tenían relación con el asesinato y, al mismo tiempo, relación con la construcción hidroeléctrica contra la que estaba Cáceres. Sin embargo, la policía adjudicó esto como un “intento de robo”, y en eso se quedó, a pesar de que todos los implicados estaban relacionados y apuntaban al mismo sitio. (Vía: BBC)

Su proceso, como muchos otros, buscó criminalizarla y se hablaba de que ella organizaba a las comunidades con armas para enfrentarse con el gobierno y las empresas. Hasta la fecha, 3 de marzo de 2018, no se han detenido a los autores intelectuales del crimen y no se ha enjuiciado a nadie por ello, solamente ha habido ocho personas detenidas, entre las que están agentes de la empresa hidroeléctrica, elementos policiales y militares.

La familia sigue exigiendo que el caso se revise, se vuelva a revisar y se siga revisando hasta que se demuestre y se castigue a los responsables. Por otro lado, la oscuridad y poca fluidez con la que se ha llevado todo esto, solamente asegura la inseguridad de todos los defensores medioambientales de Honduras.

Foto: El País

El clima de impunidad, incertidumbre, violencia y colusión entre gobierno, fuerzas gubernamentales y empresas, no permite ver un panorama para que cambie la situación y, en los hechos, no ha cambiado. Peor aún, los avances que Berta Cáceres había logrado se han ido cayendo con el paso del tiempo, mientras su figura gana fuerza, pero su movimiento pierde terreno.