La nueva embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, planteó una revisión a la Iniciativa Mérida, el acuerdo binacional de seguridad que ambas naciones sostienen desde el 2008.
En términos oficiales, la Iniciativa Mérida tiene el objetivo de “contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas”, la cual “amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera”. En términos pragmáticos el acuerdo ha permitido que Estados Unidos done a México armamento, capacitaciones y millones de dólares para la seguridad.
Desde su creación, la iniciativa no ha dejado de ser polémica para quien la ve como intervencionista. En años recientes, ha generado controversia incluso entre los congresistas de Estados Unidos, quienes han recortado una y otra vez el presupuesto destinado a este plan de seguridad.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) ha sido uno de los principales críticos al contabilizar las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército mexicano, una de las instituciones más apoyadas por la iniciativa y por responsabilizar a la iniciativa de generalizar el crimen organizado.
En un reporte de 2011, la organización declaró:
“La eliminación de los capos de los cárteles ha provocado la fragmentación de los grupos, desencadenando nuevas luchas por el poder que han multiplicado la violencia”. (Vía: La Jornada)
La Iniciativa Mérida llegó a su punto más polémico en 2011, cuando se descubrió el operativo “Rápido y Furioso” a consecuencia del cual murió un agente de migración dos años después. Dicho operativo consistió en que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) había permitido la venta ilegal de cerca de 2 mil 500 armas con el fin de rastrearlas y averiguar quiénes eran los responsables del tráfico de armas en México. (Vía: El Financiero)
Este escándalo pasó el reflector a Estados Unidos atribuyéndole responsabilidades en el aumento de la violencia en México que, desde el año 2007, ha disparado la tasa de homicidios dolosos. En el 2018 se contabilizaron 25 por cada 100 mil habitantes y en 2008 la tasa se encontraba en 13, de acuerdo con el INEGI. (Vía: EFE)
En una entrevista para Reforma, la embajadora Bárcena dijo:
“Estamos evaluando, y a partir de la evaluación de qué ha sido exitoso, qué no ha sido exitoso y qué conviene, entonces podremos tomar una decisión sobre si conviene que permanezca o no, hacia dónde lo orientamos y con qué no”.
Las declaraciones de Bárcena empatan con lo que ya había anticipado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 19 de diciembre, cuando dijo que la iniciativa Mérida había significado “cooperación militar” en lugar de “cooperación para el desarrollo”.
Sin embargo, Bárcena mencionó que continuará existiendo una relación entre ambos países en materia de seguridad… ahora falta averiguar de qué manera.
