Gobiernos y legisladores priistas defienden uso político de programas sociales

La presidencia de la república, así como gobernadores y legisladores priistas se han lanzado contra las políticas de “piso parejo” que ha buscado implementar el Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso electoral de 2018.

Específicamente, la cruzada priista es contra las regulaciones que quiere imponer el máximo órgano electoral de nuestro país contra el uso político-electoral tanto de programas sociales,  como de la propaganda de gobierno.

Así como suena: el PRI está en contra de que le prohíban usar los programas sociales como propaganda política.

Con el apoyo del Partido Verde (PVEM), gobiernos y legisladores priistas han impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los acuerdos del INE que restringen el uso de programas sociales con fines proselitistas, el uso de recursos públicos para hacer propaganda gubernamental, la prohibición del uso de tarjetas durante las campañas y sobre la constitución de los calendarios electorales.

En ese sentido, podríamos decir que el PRI y su rémora, el PVEM, buscan literalmente que se eliminen las regulaciones diseñadas para frenar la compra de votos y el corporativismo, es decir, de manera absurda están impulsando que se les permita cometer actos de corrupción en los procesos electorales.

El argumento de la Consejería Jurídica de la Presidencia, de los gobernadores de Colima, San Luis Potosí, Tlaxcala, Coahuila, Chiapas y Sinaloa, de la CIRT y de varios legisladores verdes y tricolores es que las restricciones impuestas por el INE para este proceso electoral son ilegales, ya que no solo el instituto se extralimitan en sus facultades constitucionales, sino que, de hecho, violan su derecho a la libre expresión, así como el derecho a la información de la ciudadanía.

Respecto al acuerdo del INE que prohíbe el uso de tarjetas, el PRI y el PVEM dicen que dicha restricción es ilegal, ya que no se encuentra contemplada por la ley vigente.

Recordemos que estas medidas fueron tomadas después de las pasadas elecciones del Estado de México y Coahuila, en donde de manera sistemática los gobiernos estatal y federal, así como los candidatos repartieron tarjetas con dinero en efectivo, así como apoyos de desarrollo social con fines electorales; lo cual derivó en acusaciones de compra de votos y de uso político-electoral y condicionamiento de recursos públicos y programas sociales.

Todas las impugnaciones están siendo tratadas actualmente por la sala superior del TEPJF, la cual todavía no da un fallo al respecto, sin embargo, se espera que por los precedentes falle a favor del PRI, ya que en agosto pasado revocó el primer acuerdo del INE sobre “piso parejo”. (Vía: Reforma)

Es decir: es muy probable que tanto el PRI como el PVEM puedan usar nuevamente el próximo año los programas sociales como mera propaganda electoral.