Forman frente contra los lineamientos de ‘piso parejo’ del INE

El 20 de julio pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los lineamientos llamados de “piso parejo” rumbo al proceso electoral de 2018. En ellos se establece que a partir del 8 de septiembre, fecha en que inicia el proceso electoral, hasta mediados de noviembre, que es cuando inician las precampañas, quedan prohibidas los actos de promoción personalizada de cualquier aspirante a cargo de elección popular, así como cualquier difusión de programas de gobierno.

Lo que busca esta reglamentación es que el proceso electoral sea equitativo para todos los aspirantes, sin embargo, parece ser que de nuevo se apuesta por estrategias burocráticas que solo complican los procedimientos. Además, resultan un poco absurdas ya que tenemos personajes que llevan  autopromocionando su imagen desde hace años, ya sea desde las dirigencias de sus partidos o con patrocinios particulares que resultan en libros, publicaciones en periódicos o perfiles en redes.

Es decir, estamos de nuevo ante un caso de sobrereglamentación electoral que busca tapar el sol con un dedo, que solo vuelve los procesos más engorrosos. Si lo pensamos un poco, todo ciudadano está en su legítimo derecho de hacer públicas sus intenciones para ocupar un cargo de elección popular, el tema entonces no es el “piso parejo” en términos de comunicación política (que en realidad no es otra cosa que buscar que el sistema político no haga política), sino el de la procedencia de los recursos necesarios para difundir y promocionar su imagen.

Pensemos en el dinero público destinado a los partidos que es utilizado por líderes de partido para promocionar su imagen, piénsese en AMLO o Ricardo Anaya; o en el desvío de recursos públicos de gobierno para promocionar la imagen de un aspirante; o la obtención de dinero de procedencia ilícita para esos fines. Por tanto el problema aquí es de fiscalización y transparencia de recursos.

Por esto y por otras cosas, se ha formado un frente contra esta reglamentación del “piso parejo” que incluye a instituciones de gobierno como la presidencia de la república y varios gobierno estatales, así como la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT). En total, este frente ha metido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un total de 334 impugnaciones.

Los argumentos presentados en dichas impugnaciones señalan que esta reglamentación del órgano electoral viola “el derecho a la información” de los ciudadanos, así como la “libertad de expresión”, tanto de los aspirantes a candidato, como de las instituciones y funcionarios de gobierno.

Por ejemplo, la Consejería Jurídica de la Presidencia acusó al INE de transgredir el presupuesto de la institución destinado a comunicación social, lo cual, dicen afecta el derecho de la ciudadanía a ser informada sobre programas y acciones de gobierno. En la impugnación, la presidencia señala que el órgano electoral excedió sus limites legales, ya que solo el poder legislativo tiene la capacidad de modificar el artículo 134 constitucional relacionado a la promoción personal.

El problema con la comunicación de gobierno es muy distinto al de la promoción personal de un candidato, por tanto se le debe de dar un tratamiento diferente. Si bien es cierto que en nuestro país se le da un uso político a los programas de gobierno, eso no implica que los programas en sí mismos sean políticos. En ese sentido, prohibirlos viola el derecho a la información de los ciudadanos, por tanto el INE solo debería limitarse a vigilar que la comunicación de gobierno no sobrepase los límites de su propia función, pero el INE impone la solución fácil que es la sobreregulación. (Vía: Reforma)