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¿Cómo operará el Fondo Minero?

Desde 1992, hay 25 mil concesiones mineras operando en el país, lo que equivale a 13.5% del territorio nacional
Cómo operará el Fondo Minero tras años de opacidad

En México, el Estado tiene el monopolio sobre el otorgamiento de concesiones de exploración minera: no hay participación de las comunidades sobre el futuro de su territorio.

El sector minero-metalúrgico en México contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

En caso de que el resultado de la exploración sea positivo, la concesión de exploración también sirve como permiso de explotación, por lo que automáticamente el particular o la empresa beneficiaria poseedora de la concesión tiene el derecho de explotar el territorio sin importar que sobre él haya reservas ambientales o, incluso, asentamientos humanos.

Lo anterior está establecido en el artículo 6 de la Ley Minera, que establece que en México la extracción de minerales es prioridad por “sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”.

En su informe, “Minería y Privilegios: captura política y desigualdad en el acceso a los bienes comunes naturales en México”, OXFAM advierte los peligros de la priorización de la actividad minera. En México, una sola persona posee ocho concesiones mineras que suman una superficie de 580 mil hectáreas, similar al estado de Colima.  

Desde 1992 se han otorgado más de 25 mil concesiones mineras para exploración y explotación minera. Hoy, 13.5% del territorio nacional está en manos de empresas.

Como medida para compensar esta situación, derivado de la Reforma Fiscal, en 2013 se creó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero. Hasta el 2017, el Fondo Minero operaba como una bolsa de dinero para invertir en proyectos de infraestructura por los posibles daños que genera la actividad minera. Por el tipo de obras que contemplaba, la partida era manejada por la SEDATU. 

A partir de este sexenio la gestión se trasladará a la Secretaría de Economía –SE-. Del total recaudado, el 80% será destinado al Fondo, el 10% a la Secretaría de Economía y el 10% restante al gobierno federal.

La Secretaría de Economía pretende que ese fondo de 3,200 millones de pesos se ejerza de manera directa, sin la participación de los gobiernos estatales, municipales y las empresas. Por ello, se plantea realizar una vinculación con los habitantes de las zonas de producción mineras para identificar sus necesidades particulares con mecanismos de organización comunitaria.

En vez de priorizar la infraestructura urbana, los recursos estarán dirigidos a promover actividades económicas complementarias. De acuerdo a esta postura, esto permitiría que las comunidades tengan otras formas de subsistencia en caso de que las empresas mineras dejaran de operar en la región.