¿Es auténtico y cómo se hizo público el informe de la CNS?

El día de ayer, El Universal publicó un “informe” de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en el que se recopilaba información sobre las protestas contra el gasolinazo que han corrido desde el primer día del año. Que el cuerpo centralizado de inteligencia se mantenga “al tanto” de las protestas no debería de ser sorpresa, sin embargo, en el documento había, también, una sección sobre personajes que “han incitado” a las revueltas: Andrés Manuel López Obrador, Gerardo Fernández Noroña, Mario Delgado (senador por Morena), Óscar González Yáñez (diputado en el EdoMex por el Partido del Trabajo), Blanca Amelia Gutiérrez (diputada en Chihuahua por el PAN) y el alcalde independiente de Parral, Coah., Alfredo Lozoya Santillán. Sus nombres, fotografías, RFC, CURP, redes sociales e, incluso, “alias” se reúnen en una tabla, como un grupo de sospechosos, que necesitan ser vigilados constantemente. (Vía: El Universal)

En la misma nota y hoy, en la columna “Bajo Reserva“, el periódico indicó que la CNS confirmó que el documento es auténtico, aunque”no se trataba de un documento pensado para ser publicado en medios.” (Vía: El Universal) Sin otra declaración del órgano coordinador de las agencias de seguridad e inteligencia del país más que un tuit, las posibles interpretaciones de un documento como el publicado por El Universal han sido pocas, pero igualmente alarmantes.

En primer lugar, el informe minimiza la reacción social tras el gasolinazo: si los bloqueos, las protestas e, incluso, los saqueos responden sólo a “incitaciones” y a “provocaciones”, sólo son respuestas viscerales, superficiales, frente a un cambio que, eventualmente, será normalizado por esa misma ciudadanía que hoy protesta. Estas “alteraciones al orden público” no son parte de una resistencia cotidiana de la población, vejada y explotada, olvidada en pos del “balance de la macro-economía” de la agenda neoliberal; como parte de una “respuesta a” los mensajes de ciertos políticos, la forma como ha respondido la sociedad es, prácticamente, un ejercicio individual, desarticulado y fácilmente silenciable… Al mismo tiempo, en el informe, tal como lo reporta El Universal, no hay diferencia entre protesta, altercado y saqueo: los tres son parte del mismo movimiento y, por lo tanto, tendrían que ser tratados como “amenazas”:

“En el desarrollo de los eventos se han presentado algunas conductas antisociales y delictivas dentro de los diversos estados, generando un grado de peligrosidad y vulnerabilidad latente para la población, en entendido de lo anterior, concentrándose principalmente en la zona centro, en la Ciudad de México y el Estado de México.” (Vía: El Universal)

 

La criminalización de la protesta ha sido, desde hace años, una acusación que se ha hecho frente a la respuesta represiva de las autoridades, basta recordar cómo la policía capitalina respondió, en el Zócalo, a las marchas que se hicieron a finales de año en el 2014 por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces, esta criminalización podía ser interpretada (y lo fue) como una “justa respuesta” frente a acciones como la quema de las puertas de Palacio Nacional o de un metrobús enfrente de Ciudad Universitaria; ahora, con este informe de la CNS, la criminalización está ocurriendo antes de que se den los actos y, al mismo tiempo, cancela la línea de investigación de los saqueos como parte de una estrategia política organizada (ya sea como una forma de protesta, ya sea como un medio de deslegitimar y escalar la violencia de la protesta ciudadana).

Es peligroso, también, que el CNS, apoyado por los recursos de la Secretaría de Gobernación (SeGob) y las herramientas de la Policía Federal (PF), realice ejercicios de investigación criminal contra opositores políticos: no sólo que se les vincule con la violencia de las protestas de estas últimas semanas, sino que sea esa misma oposición política e ideológica la que sea la “culpable” de “provocar” la violencia, pues, siguiendo esa misma lógica, la oposición a las políticas de gobierno es, en sí misma, violenta y, por lo tanto, es una “forma de pensar” que tiene que mantenerse vigilada y, de ser posible, incluso inhibirla antes de que se geste por completo. En cierto sentido, el CNS está confirmando la campaña que, en el 2006 lanzara el Consejo Coordinador Empresarial contra Andrés Manuel López Obrador: “un peligro para México”.

Sin una respuesta clara por parte de la CNS, sin un mecanismo que permita que la ciudadanía y el periodismo crítico puedan “ver” las formas como este informe se gestó (y por qué se filtró a medios), lo que podemos interpretar es tan sólo eso: lo que podamos interpretar, y en un ambiente tan crispado como el actual, frente a una comunicación constantemente fallida de parte del Ejecutivo Federal, ¿de verdad no es prioritario aclarar crisis como esta?

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