Claudia Sheinbaum propone creación de una agencia federal anticorrupción como parte del eje de su campaña rumbo a las elecciones 2024 llamado ‘Fortalecimiento de la democracia y gobierno honesto’ con la que busca una simplificación administrativa.
Con base a este planteamiento, la candidata presidencial también destacó que “mayor regulación ha generado ineficiencia“; por lo que se mostró de acuerdo con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para desaparecer instituciones como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).
“No creo que se necesiten grandes instituciones de transparencia, sino sencillamente que se cumpla con la Ley de Transparencia, porque si no quién cuida la corrupción del INAI“, dijo en su discurso.
Claudia Sheinbaum propone nueva agencia
“Hay que crear una nueva constitución que cuide la corrupción del INAI, y después una nueva institución que cuide la corrupción de la corrupción que se cometió en otra institución“, dijo la candidata de Morena, PT y PV.
Esta nueva institución se crearía con base en una agencia federal cuya principal función será combatir la anticorrupción a través de funciones de investigación y sanción de los servidores públicos y particulares que participen en licitaciones. Incluso, asumiría las funciones de la actual Secretaría de la Función Pública (SFP).
Pero esto no es todo, pues el plan de simplificación administrativa también buscará combatir la impunidad, mejorar el proceso de compras públicas, impulsar la digitalización de los trámites y las obligaciones de transparencia.
“Necesitamos un sistema de simplificación administrativa y de transparencia que nos permita invertir eficientemente los recursos de la nación y, al mismo tiempo, hacerlo con transparencia y evitar la formación de comisiones, y nuevas comisiones, y nuevas instituciones“, explicó.
Pues desde su punto de vita, con la creación de nuevas instituciones para ‘cuidar’ otras instituciones que a su vez generan nuevos reglamentos y nuevas comisiones solo se convierte en una cadena interminable de burocracia que se vuelve cero transparente y con mayor apertura a la corrupción.
Este plan contempla la creación de un catálogo único de delitos y penas en este sector. Así como responsabilidad penal para las empresas que participen en las licitaciones, un sistema de inteligencia anticorrupción, una política nacional de investigación y persecución penal.
También un programa de protección y beneficio a denunciantes; y penas con un aumento de entre 3 y 7 años de prisión para casos no graves, contrastadas con hasta 12 años para los más severos.
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