El nuevo despojo a la Nación: el rescate financiero de Pemex

En diciembre de 2015 el Director de Pemex informó a la Secretaria de Hacienda que realizaron una reducción de 186 mil 500 millones de pesos.
Pemex

En un artículo del periódico Reforma titulado “Tendrá Pemex su Fobrapoa” se da cuenta nuevamente de los excesos y abusos que sigue cometiendo el régimen actual en materia económica. El artículo firmado por Alejandra López, establece que la Secretaria de Hacienda implementa  una intervención semejante al rescate financiero de la banca mexicana realizado al inicio de la década de los noventas, el llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Con ello, la Secretaria de Hacienda pagará “una parte del pasivo laboral de los trabajadores de la petrolera por un monto inicial de 50 mil millones de pesos”. Todo ello derivado de la reforma energética de hace dos años llevada a cabo por el actual gobierno.

En efecto, a partir de la Reforma energética se derivó que el gobierno federal adquiriría la responsabilidad de asumir parte del pago de pensiones y jubilaciones de Pemex siempre y cuando el sindicato petrolero lograra un “acuerdo” laboral (contrato colectivo) con sus miembros.

En el año 2014, la plantilla laboral de Pemex era de 153 mil 85 empleados –señala el artículo–, equivalente a un pasivo laboral de un billón 474 mil 88 millones de pesos.

En diciembre de 2015 el Director de Pemex informó a la Secretaria de Hacienda que realizaron una reducción de 186 mil 500 millones de pesos como resultado de los cambios a su régimen de retiro. Dichos cambios supusieron un aumento en la edad de jubilación (de 55 a 60 años) y un esquema Afore para los nuevos empleados a parir de 2016.

Bajo este contexto legal y de cifras, la Sectaria de Hacienda desarrollo un proyecto de pago de pensiones a Pemex y lo publicó en forma de Acuerdo en el Diario Oficial. Y aunque la Auditoría Superior -en un afán simbólico de transparencia-,  llevó a cabo la revisión de las cuentas a pagar, lo cierto es que los pasivos aumentaron como consecuencia de los crecientes beneficios otorgados a los pensionados de Pemex.

Hasta aquí la nota de Reforma.

¿Qué significan estas modificaciones y añadidos en leyes hacendarias secundarias?

Significa simplemente que el Gobierno de Peña Nieto tuvo que recurrir -con el apoyo de un Congreso mayoritario a sus intereses-, a la concreción de nuevas formulas legales que apuntalaran el desarrollo de sus llamadas “reformas estructurales”. Reformas, que en síntesis, están enfocadas a redistribuir la riqueza del país en manos privadas.

La reforma energética llevada a cabo en el 2104 por el Gobierno actual, no sólo representó un proceso legal de desincorporación de los recursos públicos al sector privado, si no que también constituyó un parteaguas en el proceso de desconstrucción del Estado social mexicano iniciado precisamente por los regímenes priístas en la década de los ochentas.

En efecto, el incesante diseño legal privatizador de los factores económicos del país, ha desembocado en la paulatina pérdida de la rectoría económica del Estado mexicano y con ello también, la progresiva desaparición de su función (articulada constitucionalmente) de planear y fomentar el desarrollo de la nación de manera dinámica, permanente y equitativa.

No obstante, estas modificaciones legales de despojo a la nación, apuntan un hecho incontrovertible: para realizarlos fue necesario la complicidad de las viejas organizaciones sindicales construidas precisamente por los regímenes posrevolucionarios priístas. El apoyo recibido por los líderes del sindicato petrolero de las ahora Empresa Productiva del Estado (ya no entidad paraestatal) fue fundamental para la los cambios en su régimen jurídico.

En este sentido, la relación simbiótica entre sindicato y gobierno tuvo que ser redefinida y actualizada en su lógica de prebendas y privilegios. Los desajustes y desequilibrios financieros provocados a Pemex por décadas de saqueo y ordeña legal de sus recursos –con objeto de sostener a sus élites políticas— desembocó finalmente, en la necesidad de renegociar la relación con su corrupto sindicato.

Es por ello que el sindicato petrolero recibe los beneficios de su apoyo “institucional”. La escasez de liquidez de la empresa petrolera y con ello, la posibilidad de incumplir sus obligaciones con sus trabajadores, provocó el acuerdo del ahora rescate financiero.

El pago de los pasivos laborales de la empresa por parte del Gobierno Federal, de esta forma (artículo tercero transitorio Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria), resuelven por un lado la estabilidad de una organización de trabajadores sujetos a las prácticas de apoyo a los regímenes priístas; y por otro, satisface los requerimientos de los sectores privados nacionales e internacionales de invertir en un corporativo sano y viable financieramente para obtener amplias ganancias.

En cualquier caso, lo que estamos atestiguando nuevamente con el traslado de recursos públicos a Pemex, es algo que se está convirtiendo en una práctica común de las políticas económicas de los regímenes priístas: proteger a las élites del país a costa de los contribuyentes.

Rescates carreteros, bancarios, y ahora, petrolero: diseños legaloides de expoliación de los recursos nacionales bajo la vieja justificación de proteger la “estabilidad económica nacional”, cuando en realidad lo que se sigue protegiendo es la viabilidad de la depredación económica del país a cuenta de unas cuantas familias.