La corrupción es un problema estructural que afecta gravemente a la sociedad mexicana, parece ser que llegamos a un punto en donde este problema se produce y reproduce cotidianamente y afecta prácticamente todas las dimensiones de lo social. Pensando en las claves del sociólogo Pierre Bourdieu, podemos entender la corrupción como parte de nuestro habitus, es decir, es una estructura estructurada, predispuesta a ser una estructura estructurante, esto significa que es una disposición internalizada por los sujetos que así como afecta su comportamiento, también es utilizada por estos, dicho de otro modo: los produce/la producen/se reproduce.
Para darnos una idea de este problema, todo empresario presupone que tendrá que reproducir este sistema de corrupción a la hora de enfrentar cualquier trámite burocrático relacionado a su negocio, ya sea para permisos o licencias, o incluso para pagar cualquier multa. Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) publicada por el INEGI, 8 de cada 10 empresas en el país son víctimas de un acto de corrupción por parte de las autoridades.
Solo este problema relacionado a los trámites y multas comerciales representó el año pasado mil 600 millones de pesos, esto por empresa sería alrededor de 12 mil 243 pesos. Esto significa que las empresas en conjunto invirtieron esa cantidad de dinero en las oficinas de gobierno mexicanas para realizar algún trámite relacionado a su negocio.
Según los datos arrojados por la encuesta, se percibe que 2 de cada 3 actos de corrupción está relacionado a actividades comerciales ocurren por agilización de trámites, esto representa el 64.5% de las menciones. Por otra parte el 39.4% de las menciones perciben que se incurre para evitar multas; 30.9% señaló que obtener licencias o permisos causa actos de corrupción; un 29.7% para evitar la clausura de su negocio y un 29.3% relacionó a la corrupción con el pago de impuestos.
Asimismo, el estudio del INEGI señala que 11% de las empresas encuestadas aceptó haber incurrido en actos de corrupción el año pasado. Este segmento apuntó que el 27.5% de los casos más recurrentes estaba relacionado a trámites, el 15.6% a averiguaciones previas, el 15.4% a juicios laborales y mercantiles y el 12.5% a licencias y permisos.
Las 5 entidades en donde las empresas perciben mayor corrupción son: Tabasco con un 92.7%, Veracruz con 92.1%, Ciudad de México con un 91.5%, Jalisco con 88.6% y Chiapas con un 88.5%. Por otra parte, los estados con menor percepción de corrupción son: Colima con 62.2%, Nayarit con 62.3%, Aguascalientes con 69.3%, Campeche con 71% y Guerrero con 71.6%.
Como podemos ver la diferencia entre las percepciones entre los más corruptos y los menos corruptos no es significativa, ya que en todos los casos el saldo es negativo, es decir, en ninguna entidad se encuentra una percepción por abajo del 50 o 60%. De tal manera, podríamos concluir que para las empresas prácticamente la corrupción es la mediación para realizar cualquier actividad en donde intervengan las instituciones de gobierno.
El problema de la corrupción no es menor, la Coparmex estima que representa entre el 8 y el 10% del PIB nacional. Además este problema ha sido un freno para incentivar el desarrollo de la economía interna ya que las instituciones dan poca certeza a las empresas para materializar inversiones; sin duda no puede haber desarrollo sin un entorno jurídico que se haga cumplir y que simplifique y facilite procesos con la finalidad de aumentar la confianza de los inversionistas. (Vía: El Financiero)