Presunto lavador de dinero de Ricardo Anaya es localizado en Canadá

Manuel Barreiro, el empresario vinculado con una red de lavado de dinero y que habría beneficiado a Ricardo Anaya, fue localizado en Canadá. La PGR ya lo citó a comparecer por la compra de una nave industrial a la empresa Juniserra, que es propiedad del candidato presidencial de Por México Al Frente. Además se giró una alerta migratoria para mantenerlo vigilado.

Anaya calificó las acusaciones de lavado de dinero en su contra como un “refrito” y dijo que el PRI se encontraba detrás de los ataques: “Lo que pasa es que los del PRI ya no saben ni qué inventar para levantar la campaña en ruinas de su candidato. Que les quede claro: yo no les tengo miedo”.

En un comunicado, la PGR explicó que inició una investigación en octubre del año pasado contra Barreiro Castañeda, después de recibir una denuncia por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los denunciantes denunciaron haber sido contratados por el empresario para diseñar un esquema financiero a través de empresas fachada. (Vía: El Universal)

Alberto “N” y Daniel “N”, las dos personas que denunciaron las presuntas triangulaciones, solicitaron a la PGR la aplicación de una figura jurídica, prevista en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, llamada “criterios de oportunidad”. Ésta puede aplicarse a personas que hayan cometido delitos patrimoniales, sin violencia, y que hayan aportado información valiosa para hacer aprehensiones más importantes.

Alberto “N”, uno de los dueños de la empresa Tesorem que, presuntamente, lavó dinero en empresas extranjeras y paraísos fiscales para adquirir la nave industrial de Anaya, declaró que se infló el precio para generarle un mayor beneficio a Juniserra: de su valor original de 10 millones de pesos, el inmueble se vendió en 54 millones.

Respecto a Barreiro, el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional para que la PGR no pueda consignarlo ante un juez ni se solicite una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, esto no impide a la Procuraduría continuar con la investigación. El juez citó el próximo 29 de marzo como la fecha de una nueva audiencia constitucional en la que se revisará si se le concede o no el amparo.

Por: Redacción PA.