El priista Marco Antonio Leyva Mena, presidente municipal de Chilpancingo con licencia, señaló el año pasado que su solicitud para separarse del cargo se debía a problemas que sostenía con el gobierno de Guerrero, encabezado por Héctor Astudillo. Ahora, el estado señaló que su licencia fue solicitada porque no podía gobernar el municipio y presuntamente desvió 110 millones de pesos.
Según Proceso el año pasado, la naturaleza del problema entre Astudillo y Leyva se debió a una disputa por el control de las ganancias por la recolección y reciclaje de la basura en la región central de Guerrero.
“Fue una decisión personal que él tomó, en parte, cuando vio el problema de ingobernabilidad en Chilpancingo, el cual estaba desbordado“, declaró Lührs a El Financiero esta semana sobre la licencia de Leyva.
La funcionaria estatal abundó que los recursos presuntamente desviados por el presidente municipal están siendo investigados por auditorías tanto estatales como federales. Además, señaló que el propio auditor estatal le había notificado del procedimiento penal en su contra, algo que Leyva habría omitido.
Uno de los conflictos que han sostenido ambos mandatarios, Astudillo y Leyva, es sobre la responsabilidad que uno o el otro tendría sobre la violencia en el municipio, principalmente el caso de siete jóvenes que desaparecieron en Año Nuevo.
Leyva acusó el 1 de febrero que Astudillo fue quien recomendó a Esteban Espinosa Montoya como el titular de seguridad en el municipio, señaló Proceso. Espinosa, quien reprobó exámenes de confianza y control, dejó el cargo el 19 de enero y actualmente se encuentra prófugo.
Astudillo reconoció que Espinosa fue su “colaborador” en campaña, pero descartó señalamientos sobre su desempeño como jefe de escoltas de la esposa del gobernador y actual titular del DIF de Guerrero, Mercedes Calvo Elizundia.
En Chilpancingo, empezando el año, dos de los siete desaparecidos fueron hallados ejecutados. Otros dos siguen desaparecidos. Los tres restantes fueron localizados y siguen con vida, pero presentaron señales de tortura. Ante los hechos, un operativo con elementos estatales y federales tomaron el control de la seguridad municipal, demarcación que quedó a cargo de la síndica Cristina Morales.