Sin duda la corrupción es uno de los problemas estructurales más profundos que vive nuestro país, es por eso que hubo grandes expectativas en la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción. La propuesta de inicio era muy atractiva, ya que proponía un órgano autónomo, ciudadano y con la capacidad de operar de forma expedita para investigar y castigar cualquier acto de corrupción, dicho de otra forma, se proponía crear una institución con los suficientes dientes para combatir la anómica corrupción.
Sin embargo durante el proceso legislativo se le fue quitando atribuciones al nuevo sistema, parece ser que la clase política tembló ante un órgano persecutorio como el que se proponía. De tal manera, lo que se aprobó fue un sistema con más limitantes, sí autónomo y ciudadano, pero operativamente todavía dependiente de las instituciones judiciales.
Cuando fue aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción fue anunciado con bombo y platillo, como un avance de las instituciones para combatir y eliminar la corrupción. Pero, a la hora de echar a andar el nuevo sistema, resultó que no había presupuesto, no había recursos ni siquiera para las oficinas, es decir, teníamos un sistema para combatir la corrupción en letra muerta, ya que en los hechos ha sido inoperante.
Pero eso no es todo, resulta que la Comisión de Selección para los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, ha incurrido en actos de corrupción para la selección de sus miembros. Resulta irónico que los encargados de combatir la corrupción en nuestro país incurran en actos de ese tipo a la hora de seleccionar a su comité ciudadano, un ejemplo de los niveles estructurales de la corrupción en nuestro país.
Estas anomalías se presentaron en el proceso de selección de dicho comité de participación ciudadana, ya que dieron por ganadoras a personas que no obtuvieron el mayor puntaje en las evaluaciones. Por ejemplo la comisionada Mariclaire Acosta Urquidi obtuvo un puntaje de 207 puntos, mientras que Gerardo Lozano Dubernard obtuvo un puntaje de 233 puntos y no fue seleccionado.
Ante los señalamientos de corrupción, la Comisión de selección ha señalado que esas evaluaciones son solo una parte del proceso y niegan que se trate de un proceso de “cuotas y cuates”. Además apuntaron que la selección de Acosta, se debió a su amplia trayectoria en la promoción y la defensa de los derechos humanos, pero, las reglas del juego decían que los ganadores del proceso serían aquellos con mejor resultado numérico.
Además se ha señalado que Juan Pardinas, la cabeza del Comité de Selección, fue nombrado por el senado a pesar de que su elección representaba conflicto de interés debido a que este era contratista del gobierno, específicamente de la Auditoría Superior de la Federación en donde hacía el programa “pesos y contrapesos”. Este tipo de prácticas reducen la confianza en el Sistema Nacional Anticorrupción y demuestran que tampoco los ciudadanos son garantía de procesos limpios y transparentes, esto porque la corrupción es un elemento estructural que no solo involucra al sistema político sino a toda la sociedad. (Vía: El Universal)