Las proyecciones demográficas de nuestro país indican que en los próximos 30 años, se irá incrementando paulatinamente la población vieja, mientras que los grupos poblacionales de personas jóvenes se irán reduciendo. Esto significa que para 2050 la curva demográfica de nuestro país se invertirá respecto al presente, dicho de otra forma, el país empezará a envejecer.
Esto se debe sobre todo a que la esperanza de vida en el país va en aumento, actualmente es de 83 años para mujeres y 81 años para hombres. Además, las tasas de natalidad se han ido reducido, esto significa que las personas cada vez tienen menos hijos, por lo que en una o dos décadas el segmento poblacional de los jóvenes será mucho menor con respecto al pasado.
Los datos demográficos son muy claros, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2020 la población menor a 16 años disminuirá de 33.9 millones de personas a 32.7 millones de personas, la proyección para 2050 muestra que ese grupo caerá hasta 28.9 millones. Por el contrario, los adultos mayores (65+) en 2020 llegarán a 9.8 millones de personas y en 2050 serán 23.1 millones de personas, es decir, en un lapso de 30 años los adultos mayores crecerán en poco más del 50%.
El sentido común diría que ante esta situación, deberían de reconfigurarse las políticas públicas enfocadas a este sector. Sin embargo ese sentido común no lo tienen las instituciones de gobierno mexicanas, particularmente el poder legislativo, quien a pesar de estar a tiempo de adelantarse a estos problemas, en términos de plantear desde ahora soluciones a largo plazo, han preferido desechar las iniciativas de ley relacionadas a la vejez.
Para darnos una idea del problema, de 2009 a la fecha los distintos partidos políticos representados en el congreso de la unión han presentado un total de 74 iniciativas relacionadas a los derechos y al fortalecimiento de la atención a personas de la tercera edad. De ese total de iniciativas solo 4 han sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, esto representa menos del 10% de las iniciativas de ley.
Según la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (Sedia) de la Cámara de Diputados, de ese total de 74 iniciativas de ley relacionadas a los adultos mayores, 15 han sido retornadas, 15 se encuentran aún en las comisiones de la Cámara de Diputados, 10 en las comisiones del Senado, 12 ya fueron desechadas y 11 han sido retiradas.
Las iniciativas que aun siguen atoradas en las comisiones legislativas tienen que ver, por una parte, con los derechos de las personas de la tercera edad, tales como la protección contra el maltrato o la tipificación del abandono como delito. Por otra parte hay iniciativas más amplias que van desde la obtención de beneficios fiscales a las empresas que contraten a personas mayores de 60 años, hasta la creación de la Procuraduría para la Defensa de las Personas Adultas Mayores. (Vía: Reforma)