Comerciantes denuncian que delegado de Cuajimalpa cierra locales de quien no se alinea al PRI

No es nuevo que un delegado de Ciudad de México busque controlar o, de hecho ya controle a los comerciantes de su demarcación con el fin de obtener renta política y electoral. De hecho, estas prácticas corporativas son moneda corriente en nuestra ciudad, ya que representan una reserva de votos duros para cada proceso electoral, por tanto, no es una práctica exclusiva de un partido político, sino del sistema político que opera en nuestra ciudad.

Dicho todo esto podemos hablar del caso particular de Cuajimalpa, en donde el delegado, Miguel Ángel Salazar, está cerrando de manera discrecional negocios que abiertamente se han opuesto a su gobierno. En una investigación presentada por Sin Embargo, Eugenio Galicia Romero, un comerciante que tiene locales en el centro de Cuajimalpa, denunció los acosos que ha recibido del delegado por pertenecer a organizaciones críticas al gobierno.

El comerciante señaló que ha sido acosado por el gobierno delegacional por pertenecer a grupos de protesta que se oponen a distintas acciones de gobierno como la construcción del tren México-Toluca. Estas organizaciones también ha criticado abiertamente a la administración por las irregularidades en los permisos otorgados a constructoras de bienes y raíces; es decir, estos grupos se han dedicado a pedir cuentas al gobierno delegacional tanto en el uso de recursos, como en sus proyectos.

Según las declaraciones de Eugenio Galicia, la presión contra su persona, su familia y su patrimonio ha sido sistemática por parte de las administraciones priistas, de hecho vienen desde tiempos del pasado gobierno de Adrián Rubalcava.

Respecto a esa administración, Galicia señaló que las amenazas pasaron a otro nivel cuando el delegado en persona le dijo abiertamente que le quitará sus locales por no apoyar al PRI y por pedirle cuentas por su administración, según el comerciante, Rubalcava le dijo textualmente que: “de mi cuenta corre que te voy a quitar los locales”.

Pero fue hasta el gobierno de Salazar cuando las amenazas se volvieron realidad, ya que la delegación de manera ilegal clausuró hace 110 días su local, el de su esposa y el de su hijo. De hecho, estos son los únicos locales cerrados en dicho mercado.

En su testimonio, Galicia narra que el pasado 6 de abril, empleados del área jurídica de la delegación Cuajimalpa clausuraron sus negocios bajo el argumento de que no cumplían con el Programa Interno de Protección Civil. No obstante según el artículo séptimo de esa ley, es la autoridad la que debe implementar los protocolos relacionados a protección civil, es decir, la delegación clausuró por una causal que debe ser aplicada por las propias autoridades y no por los comerciantes.

Además, dichos protocolos de protección civil son aplicados para todo el mercado y no para locales en particular. En ese sentido, Galicia y su familia presentaron una denuncia ante la Contraloría General de Ciudad de México, la cual falló a su favor, dicha determinación fue ratificada por el Tribunal de lo Contencioso, quien ordenó el retiro inmediato de los sellos de clausura.

Este fallo obligó a la delegación a retirar los sellos de clausura, pero en el momento en que acudió a quitarlos, colocó inmediatamente otros de clausura temporal. A pesar de que los demás locatarios trataron de impedir la nueva clausura, las autoridades volvieron a colocar los sellos sin presentar documentación alguna, hasta el momento la delegación sigue sin acatar las resoluciones de la contraloría de forma completamente ilegal.