¡Por qué mete Segob el aborto en las cifras de Seguridad Pública?

Según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en enero de 2018 se abrieron 41 carpetas de investigación en todo México por el aborto. Esta cifra cae en el bien jurídico afectado etiquetado como “La vida y la integridad”, justo debajo del homicidio –doloso y culposo–, lesiones y feminicidio. ¿Cómo lo ven?

El reporte de incidencia delictiva del fuero común de enero del SNSP es el primero que incluye el aborto entre los delitos contemplados, así como el feminicidio, el cual fue agregado tras años de violencia contra las mujeres y presión porque las autoridades manejen temas con perspectiva de género.

Los dos estados donde más carpetas fueron abiertas son Baja California y la Ciudad de México. En ambos son siete casos. A estas entidades le siguen Querétaro, con cinco, y Tamaulipas, con tres.

Mientras que Baja California considera en su Código Penal al aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, la Ciudad de México define al ilícito en su propia carta como “la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.

De ese modo, un funcionario de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México –único estado donde es legal el aborto– señaló a Plumas Atómicas que seguramente las carpetas de investigación en la capital se deben a casos donde la interrupción fue después de los tres meses. Agregó que de cualquier manera son indagatorias y todavía se deben de resolver.

Aunque la madre suele ser señalada como la responsable del delito, en los códigos también se contempla prisión para los terceros que tengan que ver con el aborto, con o sin consentimiento de la mujer.

Incluso el Código Penal Federal, en su Capítulo VI, señala que aquel que hiciere abortar a una mujer recibirá de uno a tres años de prisión. Si la interrupción es con violencia, serán de seis a ocho años. Si el aborto lo provoca un médico, este será suspendido en el ejercicio de su profesión y también podría ir a la cárcel.

Por su parte, la madre, bajo ciertas circunstancias, pasará de seis meses a un año de prisión si voluntariamente procura o consiente el aborto, según el Artículo 332 de la carta federal. De lo contrario podría ir hasta cinco años.

“No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación”, dice el Artículo 333.

Ahora, si bien el Código Penal Federal contempla como delito al aborto, se entiende que sea incluido en el reporte del SNSP, pero queda un detalle: ¿qué hace entre las cifras de Seguridad Pública? ¿Qué hace el aborto junto al homicidio y el feminicidio, justo por encima de otros ilícitos como violencia familiar, secuestro, robo, corrupción de menores, narcomenudeo y abuso sexual?

Dejando de lado a la Ciudad de México, donde se consiguió el derecho al aborto, pareciera que las cifras que arroja el nuevo desglose del SNSP hacen visibles la falta de esta libertad en el resto de la República e incluso a nivel federal.

“Los órganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica”, señala la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un documento emitido en 2015.

Y aunque ha sido señalado como un derecho humano por las Naciones Unidas, las presiones por un retroceso en la Ciudad de México en esta materia siguen. Apenas el 16 de febrero, el cardenal Carlos Aguiar anunció un foro para debatir su legalidad en la capital. (Vía: Excélsior)

“¿Qué es más importante? ¿Qué busquemos una ley que ya no lo facilite y que nos digan que somos retrógrados porque no estamos con el desarrollo moderno? ¿O hacer consciente a nuestra comunidad del gran daño que se le hace a la mujer?”, dijo el cardenal en enero, abogando contra “los traumas” de las mujeres que abortan. (Vía: Proceso)

Históricamente el aborto en México ha sido criminalizado y en consecuencia la mujer también. Y si bien es un tema que se abre a otros tópicos, como salud y educación, que sea colocado por la Secretaría de Gobernación como un delito en las estadísticas de Seguridad Nacional lo pone nuevamente sobre la mesa.

Regresando a los código penales, el aborto contempla básicamente dos tipos: el voluntario y el involuntario. Si el SNSP lo agregó obedeciendo a la necesidad de la perspectiva de género, entonces debería de marcar la distinción del tipo de aborto para dejar más claro hasta qué punto existe la decisión de que se lleve a cabo, así como marca la diferencia en otro tipo de ilícitos, gesto que da mejor entendimiento a su incidencia.

“Muchos señores a quienes vemos por ahí hablando con toda naturalidad sobre lo malo que es el aborto son unos hipócritas porque saben que, en la realidad, las cosas suceden de otra manera. No hay que tenerle miedo a la educación sexual y a hablar de sexo con los chicos. Es muy necesario e importante. Hay que hablar de frente sobre este tema para que el embarazo no deseado no sea una sorpresa”, le dijo hace dos décadas el distinguido profesor y médico René Favaloro a Federico Turpe, de la Gaceta argentina.