Diputados del Estado de México votaron para que las personas que obliguen a otras a tomar terapias de conversión sexual sean sancionadas hasta con tres años de cárcel.
Estas sanciones también incluyen de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 500 a 200 días de multa.
Así lo informaron en redes sociales:
La #LXLegislaturaMexiquense aprueba penas de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 a 200 días multa a quien someta, coaccione u obligue a otra persona a recibir o realizar procedimientos con la finalidad de cambiar su orientación sexual. pic.twitter.com/lU41G814ai
— Legislatura Edomex (@Legismex) October 20, 2020
“La #LXLegislaturaMexiquense aprueba penas de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 a 200 días multa a quien someta, coaccione u obligue a otra persona a recibir o realizar procedimientos con la finalidad de cambiar su orientación sexual.”
¿En qué consiste la reforma y qué son las terapias de conversión sexual?
La reforma realiza ajusta al artículo 211 del Código Penal del Estado de México establece como delito las terapias de conversión sexual, ya que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad y libertad sexual.
Según el dictamen, las terapias de conversión sexual son prácticas que consisten en en sesiones psicológicas y psiquiátricas o tratamientos en las que se emplea la violencia física o moral, psicoemocional o sexual mediante tratos crueles inhumanos o degradantes que atentan contra la autodeterminación sexual de las personas.
Si este tipo de práctica se aplica contra una persona que pertenece a un grupo vulnerable (personas menores de edad con discapacidad, adultos mayores, privadas de libertad o quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho), la pena aumentará una mitad.
La mayoría de estas terapias de conversión sexual las realizan organizaciones cuya ideología condena la homosexualidad u cuyos prejuicios sociales los llevan a realizar este tipo de terapias que violentan a la libre determinación de las personas.
Esta decisión fue aplaudidas por la mayoría de los diputados de la Legislatura, las organizaciones y colectivos LGBT+, que aseguran esto es un paso más en la lucha por sus derechos.
