Burocracia e impunidad: la violencia de género en la UNAM

Cuando Patricia recobró la conciencia, su profesor la estaba violando en un hotel. Ella asistía como oyente a su clase en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Él le insistió en salir por semanas. Patricia accedió a verlo junto con algunos compañeros en un bar que el profesor frecuentaba.

“Tomé media cerveza y el cuerpo me empezó a pesar. Me empecé a sentir muy mareada, muy mal. Él se dio cuenta y me dijo: ‘Te voy a coger'”.

Patricia acudió a las autoridades universitarias para denunciar al presunto violador, pero le dijeron que su caso no iba a proceder porque había prescrito. Es decir, pasó demasiado tiempo entre el hecho y la denuncia como para iniciar un proceso contra su agresor, quien sigue dando clases.

Burocracia e impunidad: la violencia de género en la UNAM

La UNAM es la tercera institución más prestigiosa de Latinoamérica y la primera en México, según el ranking QS, el cual evalúa la excelencia académica en educación superior.

Sin embargo, detrás de esa imagen que incluye tres Premios Nobel, existe una violencia de género cotidiana que, pese a la insistencia de víctimas y activistas, no acaba de ser atendida adecuadamente dentro y fuera de las aulas. Según las víctimas, las agresiones y violaciones en la UNAM no tiene consecuencias.

Ante respuestas institucionales que juzgan insatisfactorias, las mujeres agredidas acuden a la vía penal o a acciones públicas como los “tendederos” o las acusaciones en redes sociales; pero estas denuncias en público no producen un efecto comparable a la justicia deseada.

Tras denunciar públicamente a un agresor, varias alumnas fueron acusadas ante la UNAM por difamación. En respuesta, la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) se fue a un paro separatista encabezado por el grupo estudiantil Mujeres Organizadas.

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Granados, egresada de la UNAM y víctima de acoso sexual en 2014.

“Parece que la actitud es más hacia la protección de la imagen de la universidad que hacia proteger nuestros propios derechos como víctimas”, declaró Srishti Granados a Plumas Atómicas.

En 2014, Granados fue víctima de acoso sexual por parte de un compañero, quien también ejercía como docente en 2018. Aunque no fue la única en denunciarlo, su caso tampoco procedió por la prescripción.

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La atención contra la violencia de género

Según el Código Penal capitalino, la violación es penada con al menos seis años de prisión; el abuso, con entre uno y seis, y el acoso, de uno a tres años.

Pero existen otras vías para que estos delitos no lleguen necesariamente a las últimas consecuencias. Un proceso penal expone a las denunciantes a la revictimización, señala la psicóloga y victimóloga Geru Aparicio.

“En el proceso de construcción de los derechos de las mujeres, siempre hemos procurado que no se vaya solo por una vía meramente punitiva o penal. (…) También se han hecho propuestas en los ámbitos civil y administrativo”, aclara la abogada Andrea Medina.

Las denuncias por violación y acoso existen en la UNAM. ¿Pero qué hace la institución al respecto, tomando en cuenta que está obligada a atender y erradicar la violencia de género, según sus propios lineamientos?

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En 2016 la universidad presentó el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género con el propósito de dar seguimiento a estas agresiones. Desde su implementación, las 372 quejas registradas entre agosto de 2016 y febrero de 2018 representan un aumento del 1,000% respecto a los 13 años previos, según la Oficina de la Abogada General (OAG).

Según el Estatuto General de la UNAM, las penas que un alumno o profesor puede recibir por cometer “hostilidades” y “actos contrarios a la moral y al respeto” van desde un extrañamiento o una suspensión, hasta la expulsión definitiva. Sin embargo, el Protocolo no indica cómo se determinan las sanciones.

El poco tiempo para denunciar genera un obstáculo para el acceso a la justicia”.

Montserrat Sánchez, del Tribunal Universitario de la FFyL, explica que las sanciones suelen depender de circunstancias ajenas al reglamento:

“Muchas veces, el problema de la universidad es que hay relaciones amistosas entre un acusado profesor y el director, y entonces no va a haber sanciones”, crítica Sánchez.

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Se solicitaron entrevistas con Mónica González, Abogada General de la UNAM, y Enrique Linares, director de la FFyL. No hubo respuesta por parte de la Facultad; Comunicación Social omitió la petición de Fusión y Plumas Atómicas para hablar con la OAG.

El principal obstáculo: la burocracia

Tanto Mujeres Organizadas como las víctimas han denunciado opacidad en los procedimientos, falta de atención y de voluntad por parte de autoridades. Uno de los puntos centrales en el debate sobre el Protocolo es la prescripción.

“Se nos hace muy injusto que si la chica se tardó más de un año en denunciar no se le dé la oportunidad de levantar la voz”, comentó Mujeres Organizadas.

En CDMX la prescripción para la violación es de 11 años, mientras que para el abuso es de cuatro y con el acoso tres. En la UNAM la prescripción es de 12 meses.

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Integrante de Mujeres Organizadas, grupo que encabezó el paro separatista en FFyL.

La burocracia es un obstáculo para el acceso a la justicia, según nos explica Medina. Máxime si se toma en cuenta que la violencia de género conlleva agresiones normalizadas y estigmatización, a veces por parte de autoridades.

El protocolo prescribe a un tiempo risible para todos los casos, sea violación o sea solo hostigamiento”, critica Patricia.

Aparicio apunta que las víctimas generalmente callan por supervivencia: si su entorno se pone en riesgo, no denunciarán.

Si mi certificado, si mi título, si mis calificaciones, si mi continuidad académica dependen de que yo hable de esto, pues ya estuvo que cuatro o cinco años me quedo callada.
Una persona empieza a hablar cuando está fuera de peligro. Y si es una estudiante de primer semestre…”
, explica Aparicio.

El derecho (obligatorio) a guardar silencio

Otro problema del Protocolo es su uso de la confidencialidad; Mujeres Organizadas acusa que se aplica para limitar a las víctimas. Cualquier tipo de denuncia pública puede detener el proceso y las denunciantes pueden ser imputadas por difamación.

“Las autoridades que conozcan de casos sobre violencia de género están obligadas a mantener la privacidad de la información personal y, por otro lado, las partes deberán preservar la privacidad de la información personal en todas las etapas del procedimiento, dice el documento.

Algunas de las víctimas contactadas rechazaron hablar sobre su caso debido a que las autoridades lo desestimarían si los hacen públicos.

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La abogada Andrea Medina. Fue parte del equipo jurídico del Caso ‘Campo Algodonero’ ante la CIDH.

El manejo de este principio, señala Medina, tiene que ver con una interpretación errónea, pues es para proteger la dignidad de las partes. Este debe garantizar que las autoridades puedan difundir lo comprobado.

La comunidad no da tiempo para que la autoridad realmente investigue y resuelva, y la comunidad misma da su sentencia. Eso mismo marca la dignidad y la presencia de quien denuncia y quien es denunciado”, precisa Medina.

Este principio impidió a la académica Dora Romero conocer lo que ocurrió con su denuncia por hostigamiento sexual contra su tutor de doctorado en el Instituto de Geografía, quien comenzó con agresiones en 2015. Simplemente le dicen que su expediente es confidencial.

“Cuando yo gano en una selección para acudir a un congreso internacional, él me condiciona la asesoría a que le reserve un hospedaje. (…) El acoso consistió en condicionarme la asesoría a dormirme con él siete días, incluso se atrevió a sugerir hasta la postura, relató.

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Romero fue víctima de hostigamiento sexual por parte de su tutor en el Doctorado.

Más tarde recibió amenazas de su presunto agresor. Tras denunciar, el director del instituto, Manuel Suárez, escribió una carta desacreditando sus acusaciones.

“La verdad histórica y jurídica de los hechos es que ‘la alumna denunciante desde que se encontraba estudiando la licenciatura siempre demostró ser una alumna problemática (…)’ la denunciante no cumplió con sus actividades académicas”, dice la carta firmada por Suárez.

A la fecha, Romero sigue sin audiencia.

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El acceso a la justicia es una puerta pequeña

“¿Qué tanto es simulación?”, lanza Aparicio y explica: este tipo de agresiones suelen darse en un contexto de colusión entre agresores y quienes deben sancionarlos.

Se tapan entre ellos. Saben lo que está pasando y no dicen nada y además defienden a sus colegas”, acusa Patricia.

Granados, Romero y Patricia solicitan acceso a la justicia. No siempre se exige una expulsión o un despido; hay peticiones tan básicas como la atención de las autoridades.

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Aparicio, victimóloga y psicóloga.

Tras el paro del 15 de marzo, Mujeres Organizadas solicitó que ocho agresores sexuales denunciados en esa jornada fueran expulsados. Entre ellos estaba el presunto agresor de Granados.

Denunció tras leer en Facebook la publicación de otra presunta víctima del mismo sujeto. Su caso no procedió, pero recibió un documento de protección.

Obtuvo respuesta a base de presión: Granados se asesoró con el Centro Vitoria de Derechos Humanos, entregó cartas a las autoridades e incluso leyó una carta durante el informe de labores de su facultad.

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Patricia, víctima de violación.

Patricia obtuvo resultados distintos. Se acercó a la Unidad de Atención en Contra de la Violencia de Género (UACVG) y le informaron que su caso prescribió. No pasó nada más.

“Al ser tan limitativa la temporalidad, quienes sufrieron violencia (…) hace un año o más de un año no pueden activarlo y el profesor sigue dando clases, explica Socorro Damián, titular de la UACVG.

Según el Informe sobre la Implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género del 2017, de 77 sanciones, 15 fueron rescisiones de contrato y una fue expulsión. Esas cifras representan menos del 10% de los procedimientos iniciados desde la implementación del Protocolo.

Se debe a la misma estructura de la facultad. Es un problema de que el director sea juez y parte para remitir, en primer lugar, al Tribunal Universitario y, el segundo, para sancionar a los académicos”, explica Sánchez.

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Hay gestos de voluntad ante la violencia de género, como los foros de discusión del documento y la creación de la unidad de Damián. Pero han sido insuficientes. Para las víctimas y activistas es crucial que cambie el Protocolo, pero esto depende exclusivamente de las autoridades universitarias. El que cambien las trabas burocráticas depende de la burocracia.

“Lo vamos a hacer para visibilizar el hecho y en una manera de reconocerte a ti misma, que tú estás actuando en autodeterminación más allá de lo que vaya a resultar. Si vamos buscando la penalización sabemos que va haber muchos candados. (…) Que hablen, que se necesitan voces valientes, mujeres valientes, que empiezan a visibilizar, concluye Aparicio.

Tras no obtener una resolución favorable en la UNAM, Patricia busca otras vías para acceder a la justicia. Ella espera que ninguna otra chica pase por eso. Patricia no es su verdadero nombre.

Investigación de Esteban González de León (Plumas Atómicas) y Valeria Ríos (Fusión)

Fotografías de Marco Gutiérrez (Fusión)

Por: Redacción PA.