En un hecho sin precedentes, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó un video de las cámaras de seguridad del momento en el que Ricardo Anaya y su comitiva entregaron el pasado 25 de febrero un escrito referente a las acusaciones de lavado de dinero que se le imputan.
https://youtu.be/huTbSNwGaf0
Aunque el video no dice nada nuevo (pues, de hecho, en cierta medida confirma las declaraciones hechas tanto por la dependencia como las de Anaya), lo que sí habla y mucho por la PGR es la decisión de hacer aún más público un caso que, pareciera, ha sido motivado más por cuestiones electorales que por el Estado de Derecho.
Aunque, hoy, los panistas se sorprenden con la utilización político-electoral de la PGR, ésta no es la primera vez que se ha utilizado a la principal dependencia procuradora de justicia del país para movimientos y estrategias electorales: el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en 2004, y el “michoacanazo“, en 2009, ocurrieron bajo las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, respectivamente.
Se habla del daño a Anaya pero poco se dice del daño a las instituciones.
— Mario Campos (@mariocampos) March 1, 2018
Cuando la PGR y el SAT solo persiguen a sus rivales y protegen a los suyos quedan convertidas en burdos brazos electorales del PRI y del gobierno.
En Animal Político se enlistan cuatro diferencias entre el caso de Ricardo Anaya y otros casos abiertos de la PGR por delitos semejantes: desde las investigaciones contra César Duarte hasta el caso Odebrecht y la Estela de Luz. En ningún otro caso se ha violado tan fragrantemente los derechos del acusado como en el de Anaya, en ningún otro caso, tampoco, ha actuado la PGR con tanta celeridad para encontrar y procesar acusaciones, sospechosos y acusaciones.
Y es que casos como el suyo sólo funcionan como lo hacen en medio de contextos electorales. En 2004, con Vicente Fox a la cabeza, inició el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y, a diferencia de cada caso de corrupción o desacato a la autoridad judicial que ha llegado a la PGR, en este sí se señaló a la máxima autoridad como responsable directa.
En 2009, en medio de una de las peores olas de violencia durante su administración (y a punto de iniciar las elecciones estatales en su estado natal donde competiría su hermana), el presidente Felipe Calderón movilizó a la Policía Federal, al Ejército y a la PGR para detener a 39 funcionarios (entre jueces, alcaldes, policías y directivos de Seguridad Pública) michoacanos supuestamente ligados al narcotráfico sin otra evidencia más que videos que la PGR nunca hizo del dominio público, aún cuando ninguna de las acusaciones contra los funcionarios se sostuvieron en juicio.
La utilización política de la PGR, en pleno proceso de conformación de una fiscalía independiente del poder ejecutivo, es una mala noticia para todos los involucrados en la vida política del país (es decir: para todos). Sin embargo, también, es una mala noticia y una alarma a la que estamos acostumbrados desde siempre: ni siquiera el PAN (ese que Pablo Hiriart llama “el partido democrático por antonomasia” en su columna de hoy) está libre de haber recurrido a ello.
Incluso personajes tan… oscuros como Diego Fernández de Ceballos lo han aceptado:
“Todo mundo conoce el uso faccioso que se hace de la PGR, donde lo que impera es el poder político y el dinero. Me encantaría que alguien, con un mínimo de vergüenza, se atreva a desmentirme. Todos los días se puede comprobar, con expedientes en mano, lo que afirmo.” (Vía: Milenio)
¡Y ni que seamos quién para contradecir al Jefe Diego!
